Ante la implícita luz verde que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a los procesos “internos inéditos” de partidos, a partir de los cuales eligieron a sus candidatos de las contiendas de 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) busca atajar estas acciones anticipadas o por lo menos tener un registro de las mismas e imponer consecuencias.
La propuesta central es que los partidos avisen al INE de la propaganda de estos procesos, misma que se sumaría como tal a los ingresos y gastos. Por tanto, en materia de fiscalización se considerarían estas erogaciones para acreditar posibles rebases a topes de gastos durante el proceso 2026-2027.
Así lo adelantó a La Jornada el consejero Arturo Castillo Loza, presidente de la comisión de Quejas y Denuncias del INE, al lamentar que el instituto tenga un escaso margen de maniobra.
“El principal problema lo tenemos en los criterios de la sala superior del TEPJF, (máxima instancia de decisión en materia electoral) que se apartó de su propia doctrina aplicada durante15 años y decidió señalar que sólo son actos anticipados los que cumplen con la formalidad inexcusable de llamar al voto”, dijo.
En 2023, cuando los partidos seleccionaban a sus futuros abanderados, pero sin darles esa característica en específico porque habría sido inconstitucional, la mayoría de los magistrados –salvo Janine Otálora que advirtió en ello fraudes a la ley– convinieron en no prohibirlos; únicamente pidieron al INE regular la parte financiera de los movimientos.
Castillo explicó que ante ello el INE “no puede hacer mucho”, pues la sentencia del TEPJF establece que no todo acto preparatorio, incluso fuera del proceso electoral, constituye un acto anticipado de precampaña y campaña.
El consejero hizo énfasis en la necesidad de contar con elementos que permitan disminuir los daños por esas acciones partidistas.
“Es una ironía”, añadió, porque sí podrían sancionarse los procesos internos de los partidos si se evaluaran con base en el criterio que regía en 2024, cuando había “equivalentes funcionales” que permitían hacer una interpretación de la realidad, aun cuando los políticos no hicieran llamados explícitos al voto.
“Desde mi perspectiva, lo que está pasando son evidentemente actos encaminados a posicionar a aspirantes a candidaturas. Pero la nueva realidad jurídica que tenemos es que, precisamente por las sentencias y los precedentes del tribunal, ahora nos tenemos que atener a una interpretación sumamente restrictiva”, señaló.
De ahí la necesidad, dijo, de adelantar lineamientos para disminuir la potencial afectación de los procesos electorales que inician en septiembre próximo.
En ese sentido la propuesta de Castillo es “etiquetar todo”; es decir, el partido debe avisar todo lo que hará y clasificar toda la propaganda hacia esos efectos.
“Si no la etiquetas, se baja. Me tienes que avisar de todos los eventos para que yo los fiscalice; no es novedad, ya vienen en los lineamientos de la vez pasada; no usar prerrogativas de radio y televisión para promocionar estos procesos. Esto es muy importante para disminuir el alcance de los mecanismos, de cara al periodo de campaña”.
