Visión política
Por Fernando Cruz López.
Mucho se ha hablado en las ultimas semanas del rancho Izaguirre, localizado en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, donde se sembró la muerte durante meses. Tal vez años. Nadie lo advirtió. Nadie actuó. Nadie escuchó. Hasta que fue demasiado tarde.
Por accidente fue descubierto este lugar por las autoridades: un supuesto rastro clandestino, sin permisos, con cámaras de vigilancia, calabozos, hornos improvisados y restos humanos esparcidos por todo el terreno. No eran simples cuerpos. Eran vidas convertidas en basura. Un campo de exterminio en pleno altiplano jalisciense, en la misma tierra donde el Estado presume estrategias de seguridad, coordinación interinstitucional y tecnología de punta.
¿De verdad nadie sabía lo que pasaba allí? ¿Funcionaba con tal nivel de impunidad que nunca una patrulla, una denuncia, una inspección sanitaria llegó a ese lugar? El rancho Izaguirre no estaba oculto en una sierra remota, esta a 10 minutos de la cabecera municipal pero operaba con una brutalidad abierta, sistemática, como si supiera que nadie iba a interrumpirlo.
Este horror no es solo un crimen del narco. Es el resultado de la pasada politica presidencial de “abrazos no balazos”. Porque cuando un grupo criminal goza de proteccion, tiene la capacidad logística, territorial y operativa para montar un centro de tortura y exterminio en propiedad privada, sin vigilancia ni freno, el mensaje es claro: el Estado ya no gobierna todos los territorios. Solo administra los que le quedan.
La pregunta que sigue es incómoda: ¿cuántos ranchos Izaguirre hay en el país? ¿Cuántos sitios de exterminio están activos ahora mismo mientras las autoridades simulan, negocian o simplemente miran hacia otro lado?
El estado de Jalisco es hoy uno de los epicentros de la desaparición en México. La cifra negra crece, mientras el gobierno estatal responde con silencio o con filtros institucionales que maquillan la realidad. La Federación, por su parte, se mantiene en un discurso de transformación que no aterriza en las regiones capturadas por el crimen.
El caso Izaguirre debería marcar un punto final a todo este tipo de lugares. No por el escándalo mediático, sino por lo que revela: que el infierno ya no está debajo de la tierra, sino en las parcelas, en donde la vida no vale más que una orden de silencio…Sigame en X como @Visionpolitica7
