Visión Política.
Por: Fernando Cruz López.
Se supone que en México, los diputados y senadores son representantes del pueblo y que tienen la función de legislar, fiscalizar y participar en la toma de decisiones importantes a nivel federal. Su trabajo es fundamental para la democracia y el funcionamiento del gobierno en nuestro país.
Además, tanto los diputados como senadores pueden fiscalizar y supervisar el trabajo del Poder Ejecutivo y otras instituciones, lo que incluye cuestionar al gobierno y pedir cuentas sobre su gestión, ellos no tienen la obligación de agachar la cabeza ante las órdenes del titular del ejecutivo federal, pues son integrantes de poderes diferentes y supuestos representantes del pueblo, luego entonces deben velar por los intereses de quienes los eligieron.
Sin embargo, eso no pasa en México, eso pasa en países como cuba o Venezuela, en donde los dictadores hacen lo que quieren y controlan los poderes judicial y legislativo, pero estamos en México, en un país que se dice democrático, donde se respetan las leyes, donde el poder legislativo sostiene que es independiente y que no recibe órdenes de nadie que no sea el pueblo que los eligió, luego entonces surge la pregunta, ¿porque ciegamente siguen las órdenes que desde palacio nacional les dictan y hacen lo que el inquilino de palacio ordena?
Si los diputados y senadores de nuestro país en verdad fueran representantes populares, velarían por defender los intereses de los electores, por defender a las instituciones, por luchar para que la democracia se consolide en nuestra nación y no se prestarían a ser simplemente levanta dedos al servicio del patrón.
Comento todo lo anterior debido a la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal, aprobada ayer por el Senado de la República, acción que marca un hito en la relación entre el poder legislativo y el judicial en México. Pues si bien es cierto, que es importante evaluar la gestión de estos fideicomisos y asegurar la transparencia en el uso de los recursos, también lo es esta medida que plantea preocupaciones significativas.
En primer lugar, la eliminación de estos fideicomisos afecta la autonomía del Poder Judicial Federal, una institución fundamental en la separación de poderes. Al poner fin a estos mecanismos de financiamiento, se coloca al Poder Judicial en una situación de dependencia más pronunciada del poder legislativo para su presupuesto, lo que podría poner en riesgo su independencia y capacidad de tomar decisiones imparciales.
Además, los fideicomisos desempeñaban un papel crucial en el respaldo a programas y proyectos específicos relacionados con la administración de justicia y la modernización de la infraestructura judicial. La desaparición de estos fondos podría tener un impacto negativo en la eficiencia y la calidad del sistema de justicia en México, lo que va en detrimento de la ciudadanía que busca acceso a una justicia efectiva.
Los mexicanos fuimos testigos como los integrantes del congreso de la Unión, principalmente los de Morena, Partido del trabajo y verde ecologista, agacharon la cabeza, siguieron al pie de la letra las indicaciones, optaron por no hacer enojar al inquilino de palacio y terminaron vendiendo su dignidad por un miserable plato de lentejas… Sígame en X como @visionpolitica7
