Vision Politica.
Por: Fernando Cruz Lopez
En Santa Cruz Xoxocotlán, a unos cuantos kilómetros del corazón de la capital oaxaqueña, se levanta un cuartel de la Guardia Nacional que debía representar seguridad, disciplina y orden. Sin embargo, detrás de los muros de ese complejo militar, se esconde un escándalo ambiental que apesta a negligencia y corrupción. Las aguas negras generadas por más de 300 elementos son vertidas sin tratamiento alguno a un arroyo cercano, que serpentea entre colonias humildes donde hoy las familias viven con miedo no a los delincuentes, sino a las enfermedades que les brotan en la piel y el estómago.
Los vecinos lo han denunciado durante meses. Han grabado videos, entregado escritos al Ayuntamiento, han acudido a la Secretaría de Medio Ambiente y hasta golpeado las puertas del propio cuartel. Nadie les responde. Los mandos militares ignoran las quejas, el municipio se escuda en que es “una instalación federal” y el gobierno estatal mira hacia otro lado, como si el problema no fuera suyo. Mientras tanto, el arroyo, antes cristalino en temporada de lluvias, se ha convertido en un canal pestilente que arrastra heces, detergentes y restos orgánicos que van directo a los mantos freáticos.
El resultado es una tragedia sanitaria en marcha. Niños y adultos padecen infecciones gastrointestinales, alergias y erupciones cutáneas; los animales beben agua contaminada y los pozos artesanales están prácticamente inutilizables. La Guardia Nacional, que debería ser ejemplo de disciplina y respeto a la ley, se ha convertido en la principal fuente de contaminación de una comunidad que apenas sobrevive entre la pobreza y el abandono. Ironías de la vida: el uniforme verde olivo que simboliza orden, hoy ensucia el entorno que juró proteger.
Lo más grave no es sólo la contaminación, sino la impunidad que la cobija. Ninguna autoridad se atreve a tocar el tema. Ni la Comisión Estatal del Agua, ni la Secretaría de Salud, ni la Procuraduría Ambiental han levantado una sola sanción. Pareciera que la ley ambiental no aplica cuando el infractor porta armas y bandera nacional. Pero la contaminación no distingue jerarquías ni escudos: enferma a todos por igual. La omisión del Estado frente a este caso refleja una cultura de sumisión institucional ante las fuerzas armadas que se ha normalizado peligrosamente.
Urge una investigación seria y una intervención inmediata. No se trata de atacar a la Guardia Nacional, sino de exigirle el mismo respeto a la ley que se le exige a cualquier ciudadano. Oaxaca no puede tolerar que la seguridad pública se construya sobre la podredumbre ambiental y el sufrimiento de los más pobres. Santa Cruz Xoxocotlán no merece ser símbolo de abandono, sino de dignidad. Y esa dignidad empieza cuando los responsables —sean civiles o militares— limpien no sólo el arroyo que contaminaron, sino la conciencia que han manchado con su silencio.
