Visión Política.
Por: Fernando Cruz López.
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de someter a la elección popular la designación de los jueces y magistrados del Poder Judicial federal representa un grave riesgo para la independencia y la imparcialidad del sistema de justicia en México. Si bien la intención detrás de esta iniciativa puede ser la de acercar a la ciudadanía el proceso de impartición de justicia, los peligros inherentes a este modelo superan cualquier posible beneficio.
De todos los mexicanos es bien conocido que la independencia judicial es uno de los pilares fundamentales de todo Estado de derecho. Es por ello por lo que los jueces deben estar libres de presiones políticas o influencias externas que puedan comprometer su capacidad de tomar decisiones justas y apegadas a derecho. Al someter la elección de los juzgadores a un proceso popular, se estaría abriendo la puerta a que los del crimen organizado se inmiscuyan ahora también en el ámbito de la justicia.
Imaginemos, por ejemplo, un escenario en el que un candidato a una magistratura prometiera durante su campaña ser más «duro» con ciertos delitos o más «benévolo» con determinados sectores. Esto no solo distorsionaría la función esencial de los jueces, que es la de aplicar la ley de manera imparcial, sino que también podría derivar en decisiones judiciales sesgadas o influenciadas por intereses políticos.
Asimismo, la elección popular de jueces podría generar una dinámica en la que los aspirantes a cargos judiciales se vean tentados a hacer promesas o concesiones a segmentos específicos del electorado, en lugar de enfocarse en demostrar su experiencia, conocimientos jurídicos y compromiso con la justicia. Esto socavaría la legitimidad y la credibilidad del Poder Judicial, al convertirlo en una arena más de la competencia política.
Por otro lado, la implementación de este modelo implicaría una ruptura radical con la tradición jurídica mexicana, que ha apostado históricamente por un procedimiento de designación de jueces y magistrados basado en criterios de excelencia académica, trayectoria profesional y méritos comprobados. Sustituir este sistema por uno de elección popular sería un retroceso que pondría en riesgo décadas de esfuerzos por consolidar un Poder Judicial autónomo, técnico y alejado de injerencias políticas.
En Estados Unidos, por ejemplo, solo un puñado de estados han optado por este modelo, y existen crecientes voces que abogan por su eliminación debido a los problemas que ha generado. Incluso en aquellos países donde la elección popular de jueces tiene una larga tradición, como es el caso de Suiza, se han planteado serias dudas sobre su conveniencia y se han impulsado propuestas de reforma para fortalecer la independencia judicial.
Ante este panorama, resulta imperativo que las autoridades mexicanas reconsideren seriamente la iniciativa de AMLO y que, en su lugar, se enfoquen en robustecer los mecanismos existentes para la designación de jueces y magistrados, basados en el mérito, la transparencia y la rendición de cuentas. Solo de esta manera podremos construir un Poder Judicial verdaderamente independiente, que goce de la confianza y el respeto de la ciudadanía…Sígame en X como @visionpolitica7
