Madrid (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha dicho este viernes que las acciones del juez Manuel García-Castellón “tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles”, después de que insistiera en la imputación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont.
La ministra ha hecho estas declaraciones, en una entrevista en TVE recogida por EFE, después de que el juez de la Audiencia Nacional se reafirmara en su tesis de que el Tribunal Supremo debe investigar a Puigdemont por delitos de terrorismo en la causa abierta en torno a la plataforma Tsunami Democrátic.
“Hay algunas personas (…) que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial”, ha señalado.
La vicepresidenta ha preferido ser “muy cauta” con respecto a la manera en la que “se está pronunciando este juez” que, a su juicio “nos tiene acostumbrados a que siempre” se inclina en la misma dirección.
“Evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momento sensibles”, ha añadido.
A la pregunta de si cree que al juez García Castellón le pueda guiar un criterio político, ha contestado: “la hemeroteca demuestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas”.
El Gobierno reitera su respeto a la independencia de los jueces
Tras estas declaraciones, el Gobierno ha reiterado su respeto institucional al Poder Judicial y a la independencia de jueces y magistrados. Fuentes del Ejecutivo han subrayado que el Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta alguna de ellas.
En el caso Tsunami, añaden, las decisiones del magistrado García-Castellón fueron recurridas por el fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la Audiencia Nacional.
La decisión final que se adopte, reiteran las mismas fuentes, será “por supuesto” respetada por el Gobierno, que asegura que defenderá a los jueces y magistrados de cualquier injerencia en su trabajo, “también de los intentos de hacerlo del PP”.
En el mismo sentido, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado este viernes que el Gobierno guarda un “respeto inquebrantable” hacia la independencia judicial y ha asegurado que respetará las resoluciones del juez Manuel García-Castellón, como hace con todas.
Marlaska se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los periodistas en Rabat tras reunirse con el ministro del Interior marroquí, Abdeluafi Laftit, al ser preguntado por la decisión del juez de imputar por terrorismo en el caso Tsunami al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
En Valladolid, el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, ha defendido este viernes que el Gobierno tiene “mucho respeto por el Poder Judicial”, aunque ha añadido que “hay algunas cosas, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención”.
El PP responde
El PP ve de “una gravedad extrema” que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, haya insinuado que hay jueces que prevarican.
Para los populares, “el sanchismo asume el discurso independentista de que la Justicia no es imparcial y Ribera pone voz a los que dicen que en España hay lawfare”, han señalado fuentes del PP.
Critican además “el silencio” de los ministros de Justicia, Defensa y del propio Pedro Sánchez que, según el PP, confirma que el PSOE “ya no cree en aquellos estamentos de la Justicia española en la que no haya un juez o magistrado elegido directamente por el presidente del Gobierno”.
A través de la red social X, el portavoz popular, Borja Sémper, ha señalado en este sentido que el ataque del Ejecutivo a la división de poderes “y a la defensa” de los políticos independentistas “a costa de nuestro Estado de Derecho sigue su escalada”.
