La Ley de Justicia Tributaria, implementada en Honduras por la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, con la justificación de combatir los abusos en regímenes fiscales, no presenta un panorama positivo para el Estado, ya que cobraría millones de empleos en el país, ahuyentará la inversión extranjera, detendría las exportaciones y dejaría afectaciones serias en la agroindustria y el sector de energías renovables.
La medida, considerada más socialista que benéfica, significa un retroceso al crecimiento económico del país, que se prevé sea del 3.5% y 4% con una inflación del 6% al 7% a finales de 2023, y del 4% al 5% para 2024, de acuerdo con proyecciones del Banco Central de Honduras (BCH).
El primer pilar que se derrumbaría serían las fuentes de empleo. Datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) revelan que al menos medio millón de trabajos estaría en peligro, ya que el sector privado, de los principales impulsores de la economía nacional, sería de los más afectados al cumplir con los 18 regímenes de exoneraciones vigentes. Críticos de empresas privadas y de economía, consideran que la crisis de desempleo podría evitarse si se modifican al menos 10 regímenes.
La inversión extranjera sería el segundo pilar debilitado. El nearshoring es un fenómeno que Honduras busca aprovechar para generar mayor derrama económica en el país, pero ante la incertidumbre de lo que pueda ocurrir, inversionistas se están retirando, lo que en el corto plazo no solo provocaría la caída del empleo, sino un aumento de la migración.
Tan solo en 2022, un total de 985,077 personas, 59.28% mujeres y 40.71% hombres, se fueron del país en busca de mejores oportunidades, siendo Estados Unidos el destino principal, revelan datos del gobierno de Honduras. Esta muestra representa el 9.91% de la población total, que podría crecer exponencialmente de retirar el interés de empresas extranjeras.
En el tercer pilar está el debilitamiento de sectores como el agroalimentario y de energías renovables. Primero, a visión de la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras, la ley sería perjudicial por eliminar el artículo 2 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, el cual se reformó en el decreto 118-2016 y que exonera el pago de impuestos por importación de maquinaria. De esta manera, los costos de producción se elevarían y la competitividad se reduciría, teniendo como resultado final un alto riesgo en seguridad alimentaria por la imposibilidad de cubrir los gastos de la canasta básica.
Del lado de energía renovables, el cuarto pilar, de derogarse el decreto legislativo 70-2007, la Asociación Hondureña de Energía Renovable considera que se pondrían en riesgo los proyectos de energía renovable, hidroeléctrica y solar que ahora se ejecutan en el país.
Dicho decreto, permitiría a Honduras equipararse con el resto de Centroamérica, lo que llamaba el interés de inversionistas. Sin ella, el gobierno tendría que evaluar cómo atraer inversión al sector.
Finalmente, el quinto pilar es la propia administración de gobierno, pues se percibe debilidad y mal ejecución de la administración por una posible influencia del narcotráfico, pues su esposo Manuel “Mel” Zelaya, ha sido relacionado con actividades de carteles de droga.
Actualmente, “Mel” funge como principal asesor de Xiomara y miembros de su familia como su hijo Héctor Zelaya, ocupan cargo en la administración como Secretario de la Presidencia, a la vez que está su sobrino José Manuel Zelaya, jefe de la Secretaría de Defensa.
Otra polémica relacionada es el nombramiento de Rebecca Lizette como presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien ha enfrentado escrutinio por supuesta participación en el lavado de dinero y con su hija vinculada a un ex capo de la droga hondureño vinculado al Cartel de Medellín.
