El Poder Judicial de Perú dictó 36 meses de prisión preventiva al expresidente de Perú, Pedro Castillo, acusado de liderar una organización criminal. El político de aquella nación estuvo presente en la audiencia en forma virtual desde el penal donde cumple otra detención preventiva por su fallido autogolpe.
La prisión preventiva contra el exmandatario responde a la presión que ejerció para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiésel y su adjudicación a una empresa específica.
De igual forma, se le acusa del nombramiento de Juan Francisco Silva Villegas como ministro de Comunicación y Transporte, actualmente prófugo de la justicia, con el objetivo de copar aquella dependencia con funcionarios simpatizantes a su gobierno para facilitar la dirección de proyectos.
Además, durante su audiencia, el juez citó los dos millones de soles (moneda local) que la empresaria Karelim López dijo haber entregado a Pedro Castillo, a través de sus asesores en Palacio de Gobierno, para ser favorecido con la adjudicación de obras públicas.
