El pasado 6 de febrero de 2023 un terremoto magnitud 7.8 sacudió Turquía y Siria, dejando devastación y muerte, pero también revelando corrupción en el sector inmobiliario, que no cumplió con las normas internacionales de construcción pensadas para estos desastres naturales. Por ello se han girado más de 100 órdenes de aprehensión contra personas involucradas en las construcciones, pues los derrumbes han dejado hasta el momento 29,605 muertos solo en ese país, así como miles de heridos y personas sin hogar.
Por ello los habitantes del país no solo se enfrentan al dolor de la catástrofe, también a la ira de saber que muchas de las muertes pudieron haberse evitado si se hubieran cumplido las normas establecidas. Aunado a ello está el enojo por la lentitud de los rescates, según han dicho algunos ciudadanos. Ante esta situación, el vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay, indicó el sábado por la noche que se habían emitido órdenes de detención contra 131 personas sospechosas de ser responsables de los colapsos de edificios.
Mehmet Yasar Coskun, el contratista detenido, fue trasladado a la comisaría, en sus declaraciones rechazó las acusaciones en su contra y la de sus socios. Se reporta que su hermano, el ingeniero civil Huseyin Yalcin Coskun, está en Montenegro, país donde está la sede de la empresa de construcción Antis Yapi, propiedad de los hermanos Coskun.
Otro caso emblemático
En Adiyaman, el hotel Isaías colapsó, causando la muerte de 35 miembros de la delegación de voleibol juvenil de Chipre del Norte. Varios testigos afirmaron a la cadena de televisión NTV que el hotel había sido cerrado debido a «irregularidades» en la construcción, pero que volvió a abrir.
Un testigo contó que vio las paredes romperse como si fueran hojas de papel, informó AFP, que también recogió el testimonio de un familiar de una de las víctimas, que dijo que quiere que esa gente sea juzgada, pues son asesinos.
