El gobierno de Perú informó ayer que prohibió el ingreso al país al expresidente izquierdista Evo Morales y nueve ciudadanos bolivianos, por «intervenir» en los asuntos de política interna.
El anuncio coincide con nuevas protestas y bloqueos de rutas en seis de las 25 regiones del país –que hasta el cierre de esta edición habían dejado 12 decesos–. Los manifestantes reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la libertad del destituido Pedro Castillo.
Puno, la región aymara peruana fronteriza con Bolivia, se ha convertido en epicentro de las protestas con un paro indefinido desde el 4 de enero.
Desde ahí, se organiza una marcha hacia Lima que debe llegar a partir del 12 de enero, según diversas convocatorias de colectivos sociales.
En la ciudad de Juliaca, en Puno, inconformes intentaron otra vez tomar por asalto el aeropuerto, siendo reprimidos por la Policía.
Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre.
Desde la caída del izquierdista peruano, Morales ha expresado su apoyo a las protestas, en especial a las que se producen en Puno.
El boliviano, lamentó en Twitter la decisión de Perú y sostuvo que ésta busca «distraer y esquivar» las responsabilidades por las «graves violaciones» de DDHH.
«Un pueblo digno como el hermano pueblo peruano sabe que la única solución a la crisis es la refundación del Estado, para la recuperación de los recursos naturales con tolerancia e inclusión», dijo el izquierdista.
