Ciudad de México. El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó dos iniciativas para impulsar el combate al huachicol y a la evasión fiscal, cuyo propósito es reforzar los mecanismos de vigilancia de los volúmenes de combustible que venden las gasolineras, así como identificar de manera temprana a las empresas que emiten facturas falsas.
Las propuestas forman parte del paquete anticorrupción que esta semana presentará el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante las cuales se modificarían 19 leyes y se crearían dos nuevas normativas para vigilar el gasto público en tiempo real y transparentar las contrataciones del Estado.
El primer proyecto del legislador guinda reforma varios artículos del Código Fiscal de la Federación y de diversas leyes federales y nacionales relacionadas con hidrocarburos, y entre sus objetivos está obligar a que las autoridades hacendarias y de energía se notifiquen entre sí, en un tiempo máximo de 24 horas, sobre posibles irregularidades en los montos de combustible que los centros de abastecimiento compran y venden.
Aunque el tema de la “discrepancia volumétrica” ya está contemplado en la legislación vigente, destacó Ramírez Cuéllar, su castigo sigue enfrentando dificultades, pues en la actualidad se concentra en el acto de vender el combustible probablemente ilícito a los consumidores, pero no tanto en la falta misma de concordancia entre los volúmenes que una gasolinera adquiere y comercializa.
Por lo anterior, el diputado morenista propuso adicionar dos tipos penales nuevos para sancionar al distribuidor de combustible que presente “discrepancia volumétrica no justificada” en sus centros de abasto, al margen de que el permisionario le haya entregado combustibles al consumidor o no.
El castigo al distribuidor que incurra en esa falta sería de 6 a 12 años de cárcel y una multa de 10 mil a 15 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente (entre 1.1 y 1.7 millones de pesos).
Por otra parte, se castigará de forma específica la venta de hidrocarburos en la vía pública, carreteras, baldíos o lugares no autorizados (conocido como “huachicol de barril”), cuya propiedad legítima no esté acreditada con documentos.
En este caso, la pena de cárcel sería de 6 a 10 años, y la multa oscilaría entre las 6 mil y las 10 mil UMAs (entre 700 mil y 1.1 millones de pesos). La privación de la libertad aumentaría si el ilícito se lleva a cabo usando vehículos de transporte, contenedores o bidones, o la venta de combustible se realice en un radio de 500 metros respecto de instalaciones de Petróleos Mexicanos.
Asimismo, la iniciativa del legislador de Morena establecería un plazo máximo de 48 horas para que un juez resuelva la procedencia de un aseguramiento de bienes en caso de robo de hidrocarburos. Ese mismo plazo se marca para que, cuando se confirme técnicamente una “discrepancia volumétrica”, las autoridades inicien una querella al respecto.
Mayor vigilancia a sindicatos, estados y municipios
La segunda iniciativa de Ramírez Cuéllar busca aplicar un enfoque preventivo sobre el tema de las empresas “factureras”, y no sólo correctivo, por lo que propone que la autoridad tributaria restrinja temporalmente la posibilidad de que empresas puedan emitir certificados fiscales, si en los últimos tres ejercicios han emitido facturas que exceden su capacidad económica, o no han cumplido con el pago de diversas obligaciones, como el pago del Impuesto al Valor Agregado.
Por otro lado, el proyecto refuerza la obligación del gobierno de verificar que sus proveedores tengan efectivamente la capacidad de cumplir con los contratos que firman, así como la correspondencia entre su objeto social y sus actividades económicas, y la obligación de mantener una opinión positiva de sus capacidades durante todo el proceso de prestación de servicios, y no sólo al inicio del mismo.
“Con ello se pretende cerrar espacios para que empresas que presentan irregularidades fiscales continúen recibiendo recursos públicos una vez identificadas dichas circunstancias”, señaló el diputado en la exposición de motivos de la iniciativa.
Un tercer elemento de la propuesta es establecer responsabilidades para servidores públicos y dirigentes sindicales que autoricen o suscriban erogaciones respaldadas por comprobantes fiscales vinculados con operaciones inexistentes, simuladas o falsas.
Además, “se fortalecen las obligaciones de transparencia y comprobación aplicables a sindicatos respecto de sus ingresos, cuotas, aportaciones, donativos y erogaciones”.
En el caso de estados, municipios, órganos autónomos, organismos públicos descentralizados, sindicatos y otros entes públicos, “se plantea establecer consecuencias fiscales” cuando celebren operaciones respaldadas por comprobantes con “efectos desconocidos”, para que haya responsabilidades para quienes participan en la operación y ejercen los recursos correspondientes.
“En conjunto, las reformas propuestas buscan construir un sistema de prevención y control que actúe en distintos momentos y sobre distintos participantes. La lucha contra las operaciones simuladas no puede comenzar únicamente cuando el daño al erario ya se produjo”, de acuerdo con Ramírez Cuéllar.
Para el legislador, “es necesario identificar riesgos desde la constitución de las sociedades, verificar la congruencia entre su capacidad económica y sus operaciones, fortalecer los controles sobre quienes reciben recursos públicos y establecer consecuencias efectivas cuando se utilicen comprobantes que carezcan de sustento real”.
El diputado morenista enfatizó que sus iniciativas buscan combatir a “una casta de políticos, criminales, empresarios, gremios y servidores públicos que ya representa un enorme peligro para el país. Es una red de complicidades que controlan huachicol fiscal, facturación falsa y extorsión y cobro de piso. Ese grupo atenta contra la estabilidad y la integridad del Estado mexicano”.
