Usando helicópteros artillados y centenares de efectivos desplegados por tierra, la Fuerza Armada venezolana ingresó a extensas zonas mineras ubicadas en el estado Bolívar, al sur del país, en un intento por capturar a líderes de bandas criminales que controlan la región y la explotación de yacimientos de oro, diamantes y otros minerales.
Un operativo que ocurre dos meses después de la aprobación de la nueva Ley de Minas en el Parlamento venezolano, que permite la llegada de inversionistas extranjeros a estas áreas, ampliamente controladas durante décadas por organizaciones criminales, como el famoso Tren de Aragua
En específico, los helicópteros sobrevolaron el yacimiento de oro Las Brisas, el poblado de Las Claritas y la zona conocida como Kilómetro 88, causando zozobra e incertidumbre en la población, que no entendía que ocurría.
En redes sociales circularon decenas de videos que muestran cómo se disparaba desde las aeronaves y cómo al mismo tiempo la tropa armada iba ingresando a las minas para desalojar a quienes allí trabajaban.
Medios locales aseguran que alias El Juancho es uno de los delincuentes más buscados en la zona, pues sería el jefe del “sindicato minero”, así se llama el grupo armado que domina parte de esa región.
Por su parte, la ONG SOS Orinoco precisó que toda esa zona cuenta con “enormes reservas minerales” y que ya en el pasado ha atravesado por disputas legales internacionales. No obstante, creen que actualmente este tipo de operativo militar evidencia que existen fuertes presiones políticas para reconfigurar el control del territorio.
“La evidencia acumulada muestra que la minería en el estado Bolívar es un fenómeno complejo que requiere ordenamiento territorial estricto, atención social, restablecimiento institucional y ambiental. La fuerza bruta sola no soluciona el problema”
En ese sentido, la ONG exigió transparencia absoluta sobre el operativo, protección para la población civil y una estrategia basada en derechos humanos.
“Es imposible estabilizar sin desmontar el modelo mafioso que permitió la expansión de economías extractivas ilegales y estructuras armadas», concluyó la ONG.
