En conferencia de prensa desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladores federales de la Bancada Naranja y regidores del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, presentaron una denuncia formal sobre la existencia de una presunta red de corrupción, fraude procesal y captura institucional denominada el «Cártel Judicial Oaxaca».
De acuerdo con Luis Rey López Martínez Regidores de Desarrollo Económico en Santa Lucia del Camino, esta estructura involucra a la Consejería Jurídica del Estado de Oaxaca, al despacho «Kratos Abogados» y a múltiples jueces federales del Decimotercer Circuito Judicial.
Los regidores de oposición Adriana Díaz (Turismo), Luis Rey López Martínez (Desarrollo Económico) y Ader Reyes Méndez (Fomento Agroalimentario) señalaron que el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, ordenó direccionar de forma deliberada las notificaciones judiciales hacia la firma «Kratos Abogados» despacho, fundado por el actual Consejero Jurídico estatal Geovany Vásquez Sagrero, el cual carece de registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).
En ese sentido señalaron que se ocultaron notificaciones judiciales a los regidores de oposición para falsificar sistemáticamente sus firmas y sellos oficiales en actas de Cabildo inexistentes y promociones de defensa, por lo que acusa de dichas acciones, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha impuesto créditos fiscales y multas personales directas a los regidores que superan los $200,000.00 pesos por integrante.
Debido a la negligencia de la operación, el propio alcalde Juan Carlos García Márquez y sus regidores aliados de Morena también resultaron multados por el órgano fiscal, por su parte tres regidores informaron que, dentro del recurso de Queja 624/2025 ante el Primer Tribunal Colegiado, un perito oficial de la fiscalía general de la República (FGR) dictaminó científicamente que las firmas estampadas en los documentos municipales son falsas.
Por su parte el regidor Luis Rey López Martínez denunció de manera directa la complicidad de jueces federales que aplican el denominado «Silencio de Fondo» para encubrir la ilegalidad del grupo Kratos mediante argucias procesales, ya que Juez Víctor Manuel Jaimes Morelos (Juez Décimo de Distrito) es señalado por validar documentos apócrifos y ratificar multas por un monto de $139,836.60 pesos a los concejales.
En tanto las Juezas Estela Fernanda Díaz Ramos y Blanca Azucena Osorio, son señaladas de desechar de forma sistemática amparos e incidentes de nulidad argumentando cuestiones de «forma», negándose deliberadamente a realizar peritajes caligráficos para evitar comprobar la falsedad de las firmas.
el regidor Ader Reyes Méndez, expuso el «Bloque del Pacto de Impunidad», acusando públicamente al alcalde de Santa Lucía del Camino de ofrecer pagar las multas personales de sus 9 concejales aliados utilizando recursos del erario público municipal, por lo que advirtieron que esta medida configura los delitos de Peculado y Desvío de Recursos bajo los artículos 53 y 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ante el clima de hostilidad y la presunta conducta violenta de la administración municipal, los regidores hicieron un llamado al gobernador Salomón Jara y responsabilizaron directamente al presidente municipal Juan Carlos García Márquez, así como a la corporación de la Policía Municipal, por cualquier agresión o daño que pudiesen sufrir ellos, sus familias o sus bienes materiales.
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