Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dividió este martes en torno a la ampliación de competencias de las fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres, para que también puedan atender casos de violencia familiar. En el debate se evocaron casos como “las muertas de Juárez” y también se registró una declaración de la ministra María Estela Ríos González —que en redes sociales generó polémica— al señalar que las personas concebidas mediante fecundación in vitro “podríamos estimar que no forman parte de la familia”.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 154/2021 contra una reforma aprobada en septiembre de 2021 en Chihuahua, cinco ministros votaron por invalidar que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) atienda delitos de violencia familiar; sin embargo, la propuesta no prosperó al faltarle un voto para alcanzar la mayoría calificada.
El proyecto del ministro Arístides Guerrero García planteaba eliminar la adición “y a la familia” al nombre de la FEM, incorporada en esa reforma y con la que se ampliaron sus atribuciones, al considerar que ello desviaba su objetivo de brindar atención reforzada a mujeres víctimas de violencia.
“El proyecto señala que la expresión ‘y a la familia’ diluye la atención diferenciada, refuerza estereotipos y produce un retroceso contrario al principio de progresividad; por lo que debe invalidarse”, justificó Arístides.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, se sumó a la mayoría que defendió que la FEM no atienda delitos de violencia familiar porque distraería sus obligaciones de origen. Señaló que “si la situación es compleja en todo el país, pues en Chihuahua todavía es mayor” y recordó el caso de “las muertas de Juárez” y la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por el caso Campo Algodonero, sobre la desaparición y feminicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez en 2001.
En contraste, una minoría de cuatro bloqueó la propuesta, entre ellas la ministra ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien defendió que incluir esta frase en la FEM no la debilita, sino que refuerza su labor. Lo mismo la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien argumentó que estas fiscalías responden a obligaciones internacionales del Estado mexicano, reforzadas por precedentes como el Caso Campo Algodonero, en el que se condenó al Estado mexicano por la desaparición y feminicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez en 2001.
“Ese caso llevó la atención de toda la comunidad internacional. Se hicieron clínicas en todas las universidades prácticamente del mundo y los últimos en enterarse fue el Estado mexicano. Es increíble. Por eso le piden que sea para investigación de delitos contra las mujeres, porque el presupuesto se va a dedicar a eso”, resaltó Ortiz.
También la ministra María Estela Ríos, al argumentar que la violencia contra las mujeres no es exclusiva del ámbito laboral o espacio público sino familiar, en mayor medida que a los hombres, e ironizó que sólo podría pensarse lo contrario si alguien hubiera nacido “in vitro”.
“Me parece que no hay un estereotipo para las mujeres cuando se habla de la familia. Digo, salvo quien haya nacido mediante un, ¿qué? Un, no sé cómo le llaman estos… in vitro, que haya nacido in vitro, a la mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”, dijo la exconsejera Jurídica del Ejecutivo federal.
De manera contraria, el Pleno avaló por unanimidad que la FEM de Chihuahua tenga la facultad de coordinar, controlar, vigilar y supervisar los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM).
