Ciudad de México. La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, confirmó que tiene abiertas “varias investigaciones” en torno al descarrilamiento del tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en el municipio oaxaqueño de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, que dejó 14 muertes y más de un centenar de heridos.
En entrevista, luego de encabezar el lanzamiento del Programa Semilleros de la Honestidad, detalló que por su ley orgánica la dependencia debe hacer auditorías a todas las instituciones de gobierno, pero tras un evento “tan desafortunado, tan triste (…) vamos a hacer algo más detallado y específico, con el fin de que se haga justicia”.
Agregó que no se trata de una investigación acerca del descarrilamiento, sino sobre si hubo o no “alguna omisión de un proceso por parte de un servidor público, empresa o proveedor que haya provocado, o que haya sido omiso, en realizar correctamente sus funciones”. Aclaró que el año pasado se auditó a esta institución, “pero ahora vamos a poner más énfasis y más cuidado”.
Reconoció que si bien la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no realiza auditorías forenses, es decir, aquéllas que consisten en una revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias, a fin de documentar un presunto acto irregular –como la define la Auditoría Superior de la Federación–, “sí podemos hacer denuncias ante autoridades competentes, como la Fiscalía General de la República, para que ellos hagan las auditorías forenses”.
En cuanto al registro de datos personales para el uso de líneas telefónicas y el riesgo de exposición de los mismos, señaló que en todos los casos que se detectan, incluida la vulneración de datos de la empresa Telcel, “hacemos indagaciones, porque iniciamos procedimientos por oficio. Y ya hay investigaciones abiertas en todos los casos”.
Destacó que cuando existía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales “no se abrían investigaciones de oficio, siempre obedecían a denuncias previas, y lo que ahora estamos reportando ante el Órgano Interno de Control es que se solicitaron muchas averiguaciones, pero los expedientes se guardaron en los cajones para que prescribieran, y nunca se les dio seguimiento”.
Por ello, enfatizó que la dependencia podría fincar responsabilidades contra los funcionarios públicos que resulten responsables o “contra quien haya guardado el expediente en el cajón, porque es el responsable de que haya prescrito”.
