Este domingo 25 de enero se puso en libertad a al menos 80 presos políticos que estaban en cárceles de Venezuela, de acuerdo con la Organización No Gubernamental Foro Penal. Esta es la liberación de detenidos más numerosa desde el ataque estadounidense y la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
«Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se produzcan más excarcelaciones», escribió Alfredo Romero, director de Foro Penal en la red social XAntonio González Plessmann, codirector del grupo de derechos humanos Surgentes compartió que se trata del mayor número de liberaciones en las últimas semanas. Recordó que «Entre noviembre de 2024 y en enero y marzo de 2025 hubo otras más grandes. Ahí hubo liberaciones de hasta 140 personas. Luego se pararon las liberaciones colectivas hasta diciembre de 2025».
De acuerdo con las declaraciones de Plessman a medios locales, la mayoría de los excarcelados «son de los (detenidos) postelectorales«, arrestados durante las protestas que surgieron tras las polémicas elecciones presidenciales de mediados de 2024, que resultaron en la reelección de Maduro y fueron catalogadas como fraude por la oposición.
El proceso de liberación impulsado por el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es considerado insuficiente por los organismos de derechos humanos. Los familiares de los reclusos se congregan a las afueras de los penales, pernoctando a la intemperie con la esperanza de ver salir a sus seres queridos, mientras que el abogado Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, indicó que las liberaciones ocurrieron durante la madrugada y señaló
El gobierno venezolano ha informado de aproximadamente 626 excarcelaciones desde diciembre, una cifra que contrasta con los reportes de ONG como Foro Penal, que reporta cerca de la mitad en el mismo periodo. Estas organizaciones estiman que el número total de presos políticos en Venezuela oscila entre 800 y 1200.
Este domingo, Delcy Rodríguez defendió el diálogo promovido por su gobierno como vía para solucionar «divergencias» y «conflictos internos», al tiempo que rechazó las «órdenes» de Washington respecto a los políticos de su país.
