En conferencia de prensa, habitantes de la comunidad indígena de Buenavista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondúa, en el distrito de Tlaxiaco, denunciaron que han cumplido 142 días de desplazamiento forzado interno, situación que atribuyen a la omisión del Estado y a la falta de acciones efectivas para garantizar un retorno seguro, digno y con garantías.
De acuerdo con el testimonio de las y los representantes comunitarios, el desplazamiento ocurrió el 18 de agosto de 2025, cuando señalaron habitantes de Santa María Yolotepec, también del distrito de Tlaxiaco, incursionaron con armas de fuego, incendiaron viviendas y obligaron a la población a abandonar su comunidad.
Entre las personas desplazadas se contabilizan 61 mujeres, 58 hombres, 27 niñas, 32 niños, 33 adultos mayores, 12 madres solteras y dos bebés, quienes desde entonces enfrentan condiciones de vulnerabilidad a pesar de que hay solución integral por parte de las autoridades.
A la conferencia acudieron como comisionados de Buenavista el agente municipal Manuel López y su suplente Jorge Eduardo Santiago; así como el representante de Bienes Comunales, Emiliano Rosales Sánchez, secretario. También estuvieron presentes integrantes del Consejo de Ancianos: Ignacio Sánchez, presidente; Juan López, tesorero; y Juan Martínez García, secretario.
Asimismo, acompañó a la comunidad Isidra Belén Rosales Sánchez, reconocida recientemente con el Premio Nacional del Deporte 2025, además de personas desplazadas como Benita López, Antonia Sánchez, Marina López García y Natalia Rosales Santiago.
Durante su intervención, el agente municipal recordó que el 18 de agosto fueron quemadas al menos 14 viviendas, además de motocicletas y vehículos, y que los ataques e incendios continuaron hasta el 30 de agosto, generando un clima de terror que impidió cualquier intento de permanencia o retorno.
Las y los habitantes de Buenavista señalaron que, a más de cuatro meses de los hechos, no existen condiciones reales de seguridad, ni una ruta clara de atención humanitaria, reparación del daño y restitución de derechos, por lo que exigieron al Estado asumir su responsabilidad, garantizar la protección de los derechos humanos y restablecer el Estado de Derecho en la región Mixteca.
