París (EFE).- El Tribunal de Apelación de París acotó jueves la acusación contra Marine Le Pen por financiación ilícita de su partido al descartar una parte de los contratos por los que fue condenado en primera instancia, lo que supone una primera victoria judicial para la líder ultraderechista.
Se trata de un 30 % de los contratos de asistentes parlamentarios del Parlamento Europeo que, en realidad, habían trabajado para el partido, según la sentencia dictada por el Tribunal Correccional el 31 de marzo pasado.
La decisión de Apelación contaba con el visto bueno de la Fiscalía, que consideró que esos contratos, que figuraban en un cuadro junto al resto, no presentaban evidencias de que habían sido firmados.
En primera instancia, el Ministerio Público consideró que, pese a todo, debían incluirse en el acta de acusación y formaron parte del total del perjuicio que se atribuyó al Parlamento Europeo, 4,4 millones de euros entre 2004 y 2016.
Cambio de planteamiento
Ahora, cambia de planteamiento y considera que no deben ser tenidos en cuenta, una decisión que fue aceptada por el Tribunal de Apelación.
Los abogados de Le Pen habían batallado sin éxito para conseguir esta victoria judicial en primera instancia y en la audiencia de este miércoles se mostraron agradecidos a la Fiscalía por su cambio de actitud.
En las pocas declaraciones que están dando a los periodistas, los letrados están poniendo de manifiesto que la actitud de los jueces de apelación es menos hostil a su causa que los de primera instancia.
Una diferencia a la que se suma el cambio de estrategia de la líder ultraderechista, que durante la primera jornada del juicio el pasado martes reconoció la posibilidad de haber podido cometer un delito, aunque insistió en la falta de voluntariedad.
«Si he cometido un delito, como todo el mundo parece decir que hemos hecho, nunca tuvimos la sensación de haber cometido el más mínimo delito», dijo Le Pen, que durante todo el juicio en primera instancia había negado la comisión de toda falta e, incluso, había cuestionado que la justicia pudiera examinar sus funciones legislativas.
Ese punto sirvió al Correccional para sustentar la imposición de una pena de cinco años de inhabilitación con aplicación preventiva inmediata, una decisión que impide por el momento a Le Pen encabezar una cuarta candidatura a las presidenciales, previstas en 2027.
Agotar opciones
Con esta nueva estrategia, la líder ultraderechista, favorita de los sondeos para esos comicios, busca agotar sus últimas opciones de poder concurrir a la conquista del Elíseo.
Su objetivo es que los jueces de apelación reduzcan la pena de inhabilitación o no impongan su cumplimiento de forma preventiva, lo que le permitiría presentarse.
Pero Le Pen ya ha asegurado que en caso de que de este nuevo juicio, cuya sentencia se espera en verano, no tenga luz verde para presentarse, no esperará a un segundo recurso ante el Supremo y cederá el relevo a su delfín, el joven eurodiputado Jordan Bardella.
El político de 30 años viene preparando su candidatura de sustitución desde hace meses y goza de una alta cota de popularidad, con un gran seguimiento en las redes sociales y un éxito notable de sus libros.
Además, las encuestas le otorgan un mayor apoyo incluso del que tiene Le Pen, aunque buena parte de la clase política pone en duda las capacidades de este joven político sin formación universitaria para dirigir el país en un momento geopolítico tan convulso como el que atraviesa el mundo.
