Jerusalén (EFE).- El Gobierno de Israel retirará las licencias de 37 ONG que operan en Gaza y también en Cisjordania, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que empleados de esas organizaciones «estuvieron involucrados en actividades terroristas», confirmó a EFE un funcionario del ministerio israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo.
El ministerio sostiene que estas organizaciones no entregaron a las autoridades israelíes «información completa y verificable sobre sus empleados», y acusa a MSF, sin presentar pruebas, de que «personas afiliadas» a esta ONG estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas «como la Yihad Islámica y Hamás».
En marzo de 2025, mientras proseguía la ofensiva del Ejército israelí en Gaza, el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, introdujo nuevos requisitos para otorgar licencias a las ONG internacionales que operan en los territorios palestinos ocupados.
Estándares de seguridad y transparencia
Además de detallar los nombres de todos sus trabajadores, Israel estipulaba como motivos para denegar el permiso negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, promover campañas de deslegitimación contra Israel, instar al boicot o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales.
El Ministerio de la Diáspora también aseguró que las ONG afectadas ya fueron notificadas de que sus licencias se revocarán a partir del 1 de enero de 2026 y de que deben completar el cese de sus actividades antes del 1 de marzo.
MSF dice que salir de Gaza tendría «consecuencias devastadoras» para los palestinos
Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó este martes no haber recibido ninguna notificación sobre la decisión del Gobierno de Israel de retirar en enero las licencias de actividad a organizaciones que operan en Gaza, y subrayó que si tienen que retirarse habría consecuencias «devastadoras» para los palestinos.
Así lo manifestó MSF en un comunicado enviado a EFE después de que el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunciara que vetará en enero de 2026 a varias ONG que operan en Gaza, entre ellas la propia Médicos Sin Fronteras, al considerar que empleados de esas organizaciones «estuvieron involucrados en actividades terroristas».
La organización médica aseguró que, a 30 de diciembre, no ha recibido ninguna comunicación y enfatizó que, si se le impide operar en la Franja de Gaza, ello tendría consecuencias «devastadoras» para los palestinos, puesto que MSF se encarga de alrededor del 20 % de las camas de hospital del territorio y colabora en uno de cada tres partos que se producen allí.
«Estamos buscando urgentemente soluciones para poder seguir prestando servicios a los palestinos en Gaza y en Cisjordania», añadió Médicos Sin Fronteras.
Acusaciones sin pruebas fundamentadas
En un comunicado posterior, Médicos Sin Fronteras dijo tomarse «muy en serio» las acusaciones de que miembros de su personal estén vinculados a grupos armados, y reiteró que «nunca» contrataría a personas a sabiendas de que participan en actividades militares.
Además de evidenciar que sería un «peligro» para todo el personal de MSF y para sus pacientes que cualquier empleado participara en actividades militares, la organización médica censuró que «hacer públicas tales acusaciones sin pruebas fundamentadas» también supone un riesgo para el personal humanitario y mina la labor médica que salva vidas de palestinos.
Diez países piden a Israel que UNRWA y las ONG puedan operar
Un grupo de 10 países, entre los que figuran Francia y Reino Unido, pidieron a Israel que las ONG internacionales y organismos de la ONU como UNRWA puedan operar en la Franja, tras el anuncio de la restricción de sus actividades, y advirtieron del «nuevo deterioro de la situación humanitaria en Gaza», que tildaron de «catastrófica».
«Los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido, expresamos nuestra grave preocupación por el nuevo deterioro de la situación humanitaria en Gaza, que sigue siendo catastrófica», indicaron en un comunicado conjunto difundido por el Gobierno francés.
Denunciaron que, con la llegada del invierno, los civiles en Gaza «se enfrentan a condiciones espantosas, con fuertes lluvias y temperaturas en descenso» e hicieron hincapié en que 1,3 millones de personas siguen necesitando «apoyo urgente de refugio».
«El colapso total de las infraestructuras de saneamiento ha dejado a 740.000 personas sometidas a inundaciones tóxicas», advirtieron los países firmantes de la declaración, que denunciaron que la mayoría de la población gazatí está bajo «niveles elevados de inseguridad alimentaria aguda».
Entre las cuatro medidas que piden al Gobierno de Israel, destacaron que «las ONG internacionales puedan operar en Gaza de forma sostenida y previsible», pues «corren el riesgo de ser dadas de baja debido a los nuevos requisitos restrictivos del Gobierno de Israel».
«Esto podría suponer el cierre forzoso de sus operaciones en 60 días en Gaza y Cisjordania, con un impacto grave para los servicios esenciales».
«Uno de cada tres centros sanitarios en Gaza cerrará si se detienen estas operaciones», alertaron.
Los diez países también instaron a Israel a que deje trabajar a la ONU y a sus socios, para que «puedan continuar su labor vital».
«Esto incluye a la UNRWA (la agencia de la ONU para los refugiados palestinos), que presta servicios esenciales de salud y educación a millones de refugiados palestinos», indicaron los países.
