La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General para Prevenir,
Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, que presentó hace una semana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Por lo que, con 25 votos a favor y 3 abstenciones del PRI, el documento fue remitido a la Mesa Directiva, donde mañana martes la presidenta, Kenia López Rabadan informará sobre su declaratoria de publicidad.Y será el miércoles 29 de octubre, cuando el texto estará listo para ser discutido y votado en sesión ordinaria presencial.
En sesión, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno explicó que con esta normativa se busca establecer una política nacional integral contra la extorsión, combinando prevención, persecución penal, protección a las víctimas y recuperación de bienes.
Asimismo, dijo que en ella se propone un solo tipo penal a nivel nacional de este delito, una definición clara de las agravantes y sanciones, y el reconocimiento del mismo como de alto impacto y prisión preventiva oficiosa.
¿Cuáles son los tipos de cargos y multas por el delito de extorsión?
Añadió que la sanción de este va de los 6 a 15 años de prisión y una multa económica de 11 mil 314 hasta 56 mil 570 pesos.
Además, dijo que contemplan 34 agravantes incluyendo: “cobro de piso”, la imposición de precios a productos o servicios, el uso del sistema financiero para el depósito, y la comisión contra candidatos a cargos de elección popular, afectaciones a migrantes o menores de edad, el uso de información privada, “secuestro virtual” , simulación de ser servidor público, “montachoques”, entre otras.
“Su objetivo es armonizar el marco jurídico, fortalecer la capacidad institucional y atender de manera prioritaria un delito que afecta gravemente la seguridad pública y la economía nacional”, sentenció.
Por su parte, el priista, Emilio Suárez Licona advirtió que en los términos en que se encuentra el dictamen abrirá la puerta a la liberación de 500 delincuentes peligrosos en entidades como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, “en donde las penas actuales son más altas que las previstas en esta nueva ley”.
Asimismo, solicitó que se realizaran a cabo parlamentos abiertos y convocatoria a la sociedad, a los colegios de abogados y a las entidades federativas para tener una discusión más amplia y más profunda en la materia.
Finalmente esta propuesta fue rechazada por Morena y sus partidos aliados.
