Vision Politica.
Por: Fernando Cruz López
Durante años, el huachicol ha sido un cáncer que corroe las finanzas públicas de México. Lejos de erradicarse, el contrabando de combustible se fortaleció en el último sexenio y encontró terreno fértil en estados como Oaxaca, donde varias gasolineras dejaron de ser centros de servicio para convertirse en puntos de distribución de combustible ilegal.
El negocio del huachicol no solo representa pérdidas millonarias para la nación; es un atentado directo contra la seguridad, la economía y la legalidad. Mientras Pemex arrastra déficits y el Estado clama por más recursos para salud, educación o infraestructura, el dinero de los contribuyentes se desvanece en las cloacas de la corrupción y el crimen organizado.
En Oaxaca, testimonios y señalamientos apuntan a que no se trata de hechos aislados. Hay estaciones que, de manera reiterada, han comprado combustible robado, lo que convierte a sus propietarios en cómplices de un saqueo que lastima al pueblo. El huachicol ya no es solo un delito fiscal: es una red de complicidades donde convergen empresarios, transportistas, funcionarios y grupos criminales.
La urgencia es evidente. El gobierno federal no puede mirar hacia otro lado ni conformarse con operativos espectaculares de corta duración. Oaxaca merece investigaciones profundas, auditorías reales y sanciones ejemplares que vayan más allá de simples clausuras. Es hora de rastrear el dinero, exhibir a los responsables y llevarlos ante la justicia.
Cada litro de huachicol que se vende en una gasolinera es un robo al erario, un golpe a la seguridad energética del país y una puñalada a la confianza ciudadana. Si la Cuarta Transformación quiere presumir honestidad y eficacia, este es el terreno de prueba. El reto no es menor: limpiar un mercado contaminado por la corrupción y demostrar que el Estado tiene la fuerza y la voluntad de cortar las raíces del contrabando.
Oaxaca, tierra de dignidad y esfuerzo, no merece que su nombre quede asociado al saqueo del huachicol. Los ciudadanos esperan hechos, no discursos. Las autoridades federales deben actuar con rigor y sin excepciones: llegar hasta el fondo y detener a todos los implicados. Solo así el país empezará a cerrar la herida abierta que este negocio ilícito ha dejado en la nación…Sígame en X como @Visionpolitica7.
