El Ejecutivo Federal presentó al Congreso su iniciativa para preservar la seguridad y resguardar la identidad de personas juzgadoras y sus familias que tengan en sus manos casos de delincuencia organizada.
De acuerdo con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enviada a la Comisión Permanente del Congreso, en los asuntos que versen sobre los delitos establecidos en la ley federal contra la delincuencia organizada, el órgano de administración del poder judicial de la Federación podrá, a solicitud del ministerio público o de la autoridad, judicial competente, las medidas necesarias para preservar la seguridad y, de forma excepcional, resguardar la identidad de las personas juzgadorasen la investigación, proceso y ejecución de sanciones penales.
No obstante, los juzgadores deben cumplir ciertos requisitos como que se verificarán la existencia de un riesgo probable, real y grave para la vida o integridad de la persona juzgadora que conozca del asunto concreto, o para la vida o integridad de sus familias.
“Los indicios de participación de la persona investigada, procesada o sentenciada, por hechos de delincuencia, organizada, la capacidad real del grupo delictivo respectivo, de causar daño a la persona juzgadora del caso, la capacidad de las autoridades competentes, en el caso concreto, de proporcionar protección a la vida e integridad de las personas juzgadores y de sus familias, en lugar de recurrir, a resguardo de la identidad”, expone la propuesta.
También la gravedad del delito, y la posible pena, así como la existencia del de intentos previstos, atribuibles a las personas acusadas de interferir con el proceso judicial, o de amenazar o de causar daño a personas, jugadoras o a sus familias.
