Ciudad de México. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) decretó la “nulidad total” de la licitación pública internacional de la compra consolidada de medicamento, bienes terapéuticos, material de curación y auxiliares de diagnóstico para los años 2025-2026, por el cúmulo de irregularidades e incumplimientos legales cometidos por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) en la convocatoria, los anexos técnicos y las juntas de aclaraciones.
Lo anterior es resultado de la intervención de oficio realizada por la dependencia federal desde el pasado 26 de febrero. Encontró un procedimiento “viciado de origen” por lo que la licitación se deberá volver a realizar desde el principio y los contratos que se hayan asignado como resultado de este proceso, deberán ser cancelados. Birmex dispone de seis días hábiles para cumplir con el dictamen.
Así lo establece el oficio UCP/233/DGCSCP/367/2025 de la Unidad de Contrataciones Públicas en el que desglosa en 190 páginas el resultado de la intervención de oficio, cuyo primer informe se difundió el pasado 28 de febrero. Desde entonces la autoridad dio cuenta de nueve irregularidades, las cuales ahora ratifica y son la base para su resolución.
Entre otras anomalías están que la convocatoria de la primera licitación pública internacional de la actual administración para cubrir el abasto de 26 instituciones de salud, no se contó con la investigación de mercado que debió servir como referencia para diseñar el concurso.
Las bases de la convocatoria incluyeron requisitos no previstos en la Ley de Adquisiciones, como las constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cuales deben ser presentadas por los proveedores, luego de la asignación de contratos.
Birmex alegó que al no estar prohibido en la ley, esos documentos se podían solicitar desde el inicio para agilizar las etapas posteriores. La SABG desechó tal postura, pues es obligación de las dependencias gubernamentales cumplir puntualmente lo que establece el marco normativo.
También se identificó que en la etapa de ofertas subsecuentes de descuento (OSD o subastas) en las que se incluyó a algunos insumos, la convocatoria omitió aspectos para su adecuada realización como los formatos a llenar por los participantes, la manera en que debían acreditar que estaban capacitados para participar en la OSD o cómo podrían obtener la capacitación respectiva.
Los proveedores tampoco contaron con la información sobre los precios mínimos y máximos de cada producto, ni supieron si el precio a ofertar era unitario del bien o al total de la partida. Es de recordar que estas fallas fueron denunciadas por las empresas antes y durante los días en que se realizaron las subastas.
La SABG identificó que en la licitación se incluyeron de manera errónea, claves de insumos que están protegidos por una patente o cuentan con constancias de derechos exclusivos. Eso no debió ocurrir porque de esos productos no hay competencia posible, por lo que, en su caso, existe la modalidad de adjudicación directa.
La investigación de la Secretaría Anticorrupción se concentró en las bases de la licitación, los anexos técnicos y las juntas de aclaraciones, por lo que las inconformidades presentadas por los participantes en contra del fallo emitido el 14 de enero y las denuncias sobre compras hechas con sobreprecios, no formaron parte de la indagatoria.
De hecho, el dictamen plantea que por ser eventos posteriores al acto original que son las bases de la licitación, ya no tienen razón de ser.
