Ciudad de México. Los más de 4 mil candidatos de la elección judicial tendrán un tope de gastos de campaña de 220 mil 326 pesos cada uno, recurso que deberán reportar – y sustentar con documentos- ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
El gasto será exclusivamente para cubrir gastos personales, viáticos y traslados.
El anterior es otro de los elementos novedosos de este proceso, porque a diferencia de las personas postuladas por partidos políticos, en las elecciones tradicionales, esta vez los candidatos no tendrán financiamiento público y sí diversas prohibiciones como contratar espacios para divulgar propaganda electoral.
Tampoco pueden contratar encuestas o estudios de opinión; únicamente podrán repartir mensajes impresos en papel reciclable.
La campaña inicia el 30 de marzo entrante y tendrá una duración de sesenta días; en ningún caso habrá etapa de precampaña.
El monto es equivalente al límite de aportación individual de las personas candidatas independientes, en contiendas ordinarias.
Las personas candidatas podrán hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionar sus candidaturas, siempre y cuando no implique gasto para potenciar los contenidos.
Sí podrán participar en entrevistas de carácter noticioso y foros de debate organizados y brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad.
En caso de irregularidades en el gasto, las sanciones van desde amonestación pública y multa de hasta 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, hasta la cancelación del registro de la candidatura, especialmente cuando se compruebe que recibieron recursos públicos o privados o asistan a eventos partidistas. Todo ello – y su gravedad- según lo determine el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ello porque en los parámetros de la elección judicial no se estableció una sanción específica para el caso de rebase de topes de gastos personales de campaña, conducta que trasgrede el principio de equidad en la contienda y amerita un pronunciamiento específico.
«Por tal motivo, ante la comisión de la referida infracción, se considera procedente que sea la autoridad electoral jurisdiccional federal quien conozca y en su caso, resuelva conforme a lo que a derecho proceda», se establece en el anteproyecto que será sometido esta semana a consideración de los integrantes de la comisión de Fiscalización, y enseguida del consejo general del Instituto.
