Luego de las primeras 48 horas como presidente de los Estados Unidos, Donald Trumpfirmó una orden ejecutiva esencialmente impide todas las solicitudes de asilo a lo largo de la frontera sur, con el argumento de que la realidad actual cuenta como una “invasión”.
En dicha orden, Trump anuncia que suspenderá el ingreso físico de extranjeros presuntamente «involucrados en una invasión hacia los Estados Unidos», por lo que será el mismo mandatario quien decida la duración de esta medida. Además, argumenta que dicha acción es para preservar la seguridad y salud pública.
Se aplicará a personas en situación de migración que no “proporcionen a los funcionarios federales información médica suficiente e información confiable sobre antecedentes penales”. Por otro lado, el mandatario norteamericano ha cerrado el CBP One, la aplicación que usaban las personas en situación de migración para agendar una cita y poder ingresar a la Unión Americana.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó el miércoles que hubo retornos la víspera y, sin especificar, indicó que las cifras eran menores a las habituales. En 2024, según datos oficiales, más de 500 mexicanos fueron deportados diariamente en promedio a lo largo de toda la frontera. Este mes, solo a través de un punto, Nogales, en frontera con Arizona, fueron deportados unos 150 diarios, de acuerdo con datos de losalbergues de la Iniciativa Kino.
En entrevista con el diario estadounidense Huffpost, especialistas en migración han calificado dicha medida como la más extrema debido a que los datos de contexto no corresponden con la narrativa de invasión por parte del presidente de los Estados Unidos Donald Trump.
No existe una proporción entre los datos de 2021 y 2022 de las enfermedades registradas en los Estados Unidos y el ingreso de personas en situación de migración. Además, dicha medida se ha materializado durante un periodo donde el mismo gobierno norteamericano ha reconocido que los cruces fronterizos han bajado.
Otro de los aspectos a destacar de la medida de Trump, es que pone fin al asilo de personas en la frontera para cualquiera que huya de peligros, incluso familias que son perseguidas por su religión, condición social o que son acosadas por gobiernos por su ideología política.
