La Fiscalía General de la República (FGR) insistió en que el homicidio de Luis Donaldo Colosio es un delito federal y que el tribunal que amparó a Mario Aburto Martínez ignoró la magnitud de este hechoque afectó gravemente la democracia de México.
Después de que se difundió que la FGR impugnó el amparo otorgado a Aburto Martínez, sentenciado por este magnicidio, la institución emitió un comunicado en el que informó sobre la presentación del recurso de revisión que tiene como objetivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso.
No se tomaron en cuenta las condiciones del homicidio
“Se considera que el amparo que se está recurriendo no analizó correctamente la jurisdicción federal que era indudablemente aplicable desde un principio, en este caso; ya que no se trató de un homicidio del fuero común local, sino que, de conformidad con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, correspondía, por su magnitud y consecuencias, a las autoridades federales conocer de ese delito, como así ocurrió”, explicó.
La Fiscalía señaló que el tribunal colegiado no tomó en cuenta las consecuencias del homicidio, un hecho delictivo que afectó la democracia y el proceso electoral para la presidencia de la República, así como el avance en materia de participación ciudadana, “que quedaron gravemente lastimados en todo el país”.
FGR pide al Tribual Colegiado valorar las pruebas
Destacó además que el tribunal omitió dar vista y escuchar a las víctimas directas e indirectas de este delito, dejando en estado de indefensión al Estado, a sus instituciones, y a las personas individuales afectadas, lo cual debe ser restituido, por elemental justicia.
“Al abrir este caso desde su origen, el Tribunal Colegiado da lugar a que, desde el mismo origen, se analicen y se valoren todas las pruebas que existen en favor de todas las víctimas ya señaladas»
“Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público de la Federación (MPF), que es una institución de buena fe; que representa al Estado Mexicano y a las víctimas de tan grave delito; tiene la obligación insoslayable de defender todos los principios jurídicos y los derechos ya señalados”, indicó.
