San Cristóbal de Las Casas, Chis. En vísperas de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se realizará este 21 de junio, el Congreso Nacional Indígena (CNI), se sumó a la exigencia de que el Estado mexicano “reconozca que la desaparición de Antonio González Méndez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fue cometida en el marco de su política contrainsurgente, desarrollada en Chiapas durante los años de 1990”.
Por separado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dijo que González Méndez “fue desaparecido el 18 de enero de 1999, en Sabanilla, en el marco de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano tras el levantamiento del EZLN”.
Sostuvo que “en específico fue desaparecido por el grupo paramilitar Paz y Justicia que operó en municipios de la zona norte de Chiapas como Tila, Sabanilla, Salto de Agua, Tumbalá y Yajalón. Es conocido que el día en que fue desaparecido se encontraba acompañado por una persona identificada como integrante de dicha agrupación”.
En un comunicado agregó que “Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde ese momento el papel de defensora insistiendo ante instancias nacionales su búsqueda. El proceso fue tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación, lo que no fue una situación aislada, pues como se ha documentado la política contrainsurgente implicaba también garantizar la impunidad de sus crímenes”.
Señaló que “pese a las distintas alternancias del poder en México, el pacto de impunidad frente a este periodo de la historia se mantuvo y cada gobierno en turno se ha empecinado en negar la política contrainsurgente en Chiapas y sus crímenes”.
Después de un largo proceso internacional, abundó, “la CIDH emitió su informe de fondo en 2019, decisión internacional de gran alcance para el caso y la verdad histórica. La CIDH reconoció que se tenía por demostrada la política estatal contrainsurgente, la participación del Estado en la conformación de grupos paramilitares y que Paz y Justicia fue uno de ellos. Adicionalmente exigió investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto”
Sostuvo que “pese a este gran avance, el gobierno mexicano, abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, se empecinó en dar un cumplimiento mínimo al informe de fondo. A la fecha no se han realizado acciones para buscar a Antonio González y menos se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente”.
Aseguró que “la posición oficial es ambivalente, aunque mayoritariamente negacionista, pues por un lado, el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población (Alejandro Encinas) ofreció una disculpa pública en la que reconoció el contexto de la desaparición, pero ésta es interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, puesto que la falta de búsqueda e investigación posteriores demostró, en los hechos, la falta de compromiso real”.
Puntualizó que “ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual, el gobierno morenista negó nuevamente la política contrainsurgente. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores y responsable de las afectaciones sicosociales que siguen produciéndose por la falta de verdad para las víctimas del paramilitarismo en Chiapas, como es el caso de los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, o de los familiares de los otros 37 desaparecidos y 85 personas ejecutadas por Paz y Justicia”.
