Mientras los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa siguen en búsqueda de verdad y justicia, la mañana de este lunes 26 de junio el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, confirmó la detención de Gualberto Ramírez Gutiérrez, exmando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por su presunta participación en la tortura de un sujeto involucrado en el caso Iguala.
De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el aseguramiento del implicado fue encabezado por Agentes de la Fiscalía General de la República la madrugada de este domingo en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. Las autoridades lo aprehendieron a la altura de la carretera México-Pachuca, frente a un centro comercial. Una vez detenido, el exfuncionario fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde se definirá su situación jurídica.
Ramírez Gutierrez, quien se desempeñó en el área de investigación contra secuestros, tiene dos órdenes de aprehensión y una de reaprehensión. «La madrugada del 25 de junio, la FGR detuvo a Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acusado de Desaparición forzada de personas, Tortura y Coalición de servidores públicos«, escribió Encinas en su cuenta oficial de Twitter.
¿Quién es la víctima de tortura?
Cabe señalar que desde el 2022, Gualberto Ramírez Gutiérrez contaba con una orden de aprehensión por la presunta tortura contra Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, identificado como supuesto integrante del grupo criminal «Guerreros Unidos», cuyo interrogatorio fue videograbado y difundido en redes sociales.
En las imágenes difundidas en plataformas digitales se aprecia al extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, amedrentando al implicado y Gualberto ha sido señalado por estar presente durante el interrogatorio de «El Cepillo». Dicho interrogatorio, según la FGR, fue ordenado por el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien tenía como objetivo hacer declarar al sujeto conforme a la llamada «Verdad Histórica».
Por otro lado, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el proceder de las autoridades contra «El Cepillo», por lo que calificó dichas acciones como «tortura». Aunado a ello, en julio de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso seis denuncias penales en contra de 235 funcionarios que intervinieron en las investigaciones de los 43 desaparecidos. De ese total, al menos 116 fueron acusados de tortura y actos inhumanos.
Ayotzinapa fue un crimen de estado
En agosto de 2022, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó en Palacio Nacional el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Dicha comisión se instaló para dar con el paradero de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ,»Raúl Isidro Burgos», víctimas de desaparición forzada el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El gobierno mexicano llegó a la conclusión de que «fue un crimen de Estado», puesto que en la desaparición de los estudiantes estuvieron involucrados miembros del crimen organizado, específicamente integrantes del cártel «Guerreros Unidos», así como funcionarios municipales, estatales y federales.
«La verdad histórica privilegió la lógica jurídica con un enfoque penal por encima de la salvaguarda de los derechos humanos y derechos al acceso a la verdad. Así se construyó una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia a fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos, orientando la investigación al tema de secuestro y crimen organizado de autoridades y grupos delictivos locales», así empieza el documento que Presidencia difundió de las conclusiones del Caso Ayotzinapa.
