Madrid (EFE).- El juez ha dejado en libertad con medidas cautelares al funcionario jubilado del Ayuntamiento de Vitoria que llevaba casi tres meses en prisión preventiva como presunto autor del envío el pasado otoño de sobres con material pirotécnico al Palacio de la Moncloa o la embajada de Ucrania, entre otros organismos.
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama cree que, tras este tiempo en prisión, no existe riesgo actual de que Pompeyo G.P., de 74 años, pueda destruir pruebas, dado que ya se han practicado las diligencias de investigación más relevantes, de las que se han obtenido “indicios de criminalidad sustanciales que apuntan” hacia él.
Por ello, en un auto conocido este viernes, el juez ha seguido el criterio de la Fiscalía y ha decretado la libertad del investigado sin necesidad de fianza.
Le impone, no obstante, la obligación de comparecer cada semana en el juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte, y la obligación de fijar un domicilio donde puede ser localizado.
Investigado por cuatro delitos de terrorismo
Pompeyo G.P., detenido a finales de enero en Miranda del Ebro (Burgos) en la Operación Konvert (“sobre” en ucraniano), está investigado por cuatro delitos de terrorismo, dos de terrorismo agravado (por los envíos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra Margarita Robles) en concurso con otro de empleo de artefactos explosivos inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.
Se le atribuye el envío de seis sobres, de color marrón con material pirotécnico casero similar a la pólvora, dirigidos al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa, a las embajadas de Ucrania y EEUU, a la empresa de armamento Instalaza Zaragoza y a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, entre noviembre y diciembre de 2022.
El magistrado acordó su ingreso en prisión incondicional tras su detención al considerar que existía un riesgo de que pudiese huir a Rusia, gracias a la “ayuda de ciudadanos de dicho país” y a tenor de la “transcendencia” de sus acciones como “medio de propaganda de la ocupación rusa en Ucrania”, si bien en este momento de la investigación ha decidido relajar esta medida.
La inexistencia de indicios de reiteración delictiva, la avanzada edad de este funcionario jubilado (74 años), su arraigo en la localidad burgalesa de Miranda del Ebro y la carencia de antecedentes penales previos a los hechos que se investigan han sido los aspectos tenidos en cuenta por el juez para tomar su decisión.
Ahora bien, en su auto, contra el que cabe recurso, el magistrado advierte de que el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas podría dar lugar a la adopción de otras más graves.
Desde el momento de su detención, el magistrado no vio indicios de que el investigado perteneciese ni colaborase con ningún grupo organizado terrorista, si bien consideró que el envío de esos seis sobres, el contexto en el que se producen relativo a la invasión rusa de Ucrania y los destinatarios evidencian que en su “ánimo está presente” el objetivo de “alterar gravemente la paz pública” y de “obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania”.
