Puebla, Pue. La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue) se desistió de las acusaciones de obstrucción de obra pública, daño a las vías de comunicación y en propiedad ajena que formuló en contra de Miguel López Vega, defensor comunitario de las regiones de Cholula y de los volcanes.
Los acusaciones eran haber atentado contra los trabajos que el Ceaspue realizaba para construir un colector de descargas de aguas residuales del parque industrial de la Ciudad Textil Huejotzingo, que según diversas organizaciones, entre ellas el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, contaminaría el río Metlapanapa.
El defensor del agua y el territorio fue detenido y encarcelado el 24 de enero de 2020, pero no le pudieron comprobar las acusaciones de obstrucción de obra pública y daño en propiedad ajena (por supuestamente haber afectado un vehículo del Ceaspue con una bomba molotov), por lo que quedó en libertad cinco días después, aunque sujeto a proceso por la acusación de daño a las vías de comunicación.
El pasado 13 de marzo, Miguel López fue notificado de que el miércoles habría una nueva audiencia por los delitos de los que ya había sido absuelto, lo que puso en alerta a las organizaciones que lo acompañan.
Señalaron que al ambientalista se le recriminalizó al pretender juzgarlo dos veces por los mismos ilícitos, lo que además sería una violatorio de la Constitución.
La audiencia del 29 de marzo fue un mero acto protocolario que sirvió para que el organismo estatal fuera notificado legalmente de que López Vega había quedado en libertad, por no habérsele hallado culpable, y para que el Ceaspue informara al Poder Judicial que concedió el “perdón” al líder campesino, por lo que ya no había causa en su contra.
Sin embargo, el Ministerio Público pidió revisar dicha decisión con el argumento de que las faltas de que se acusaba a López Vega se persiguen de oficio. La representación social pidió una nueva audiencia en 10 días, en la cual dará a conocer ante el juzgado si persiste en las imputaciones o también las retira.
El también concejal del Congreso Nacional Indígena declaró que admitía el perdón jurídico del Ceaspue, aunque aclaró que ese organismo “ni nadie” tiene algo qué perdonarle.
La Casa de Justicia de Cholula fue custodiada por policías durante la diligencia. María de Jesús Patricio Martínez, candidata sin registro a la presidencia de la República por el Movimiento Zapatista en 2018, acudió para expresar su respaldo al activista.
También estuvieron observadores de organizaciones internacionales y nacionales especializadas en la defensa de los derechos humanos, como Peace Brigades International-México, Serapaz México, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, las Guardianas y Guardianes del río Metlapanapa, los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Ag
