Alrededor del mediodía comenzará en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la discusión sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, contenida en las leyes de Seguridad Nacional, Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Se trata de las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019 promovidas respectivamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y senadores de minoría.
Es la segunda ocasión en menos de tres meses que el máximo tribunal discute este tema, debido a que en septiembre pasado los ministros rechazaron una primera propuesta de su compañero Luis María Aguilar Morales para “desaplicar” los preceptos de la Constitución que avalan esta medida cautelar.
El nuevo proyecto de Aguilar solo plantea invalidar la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales como contrabando, emisión de facturas falsas y fraude fiscal equiparado, ya que estos delitos fueron clasificados como contrarios a la seguridad nacional mediante una reforma legal de enero de 2020.
“De manera artificiosa, calificó que ciertos delitos fiscales constituyen afectaciones a la seguridad de la Nación, para que, de este modo, fuera posible establecer oficiosamente la medida cautelar privativa de la libertad, cuando en realidad no existe una amenaza en esa materia”, señala Aguilar.
Para el resto de los delitos donde actualmente se aplica la prisión preventiva oficiosa, el proyecto propone que sea el juez de control, caso por caso, quien determine si la medida cautelar debe o no aplicar, esto luego de un debate donde participen tanto la fiscalía como la defensa del imputado.
Para que la SCJN pueda invalidar la prisión preventiva oficiosa será necesario que el proyecto de Aguilar reúna cuando menos 8 votos de los once ministros del pleno.
