Ginebra (EFE).- La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha acusado hoy a la inteligencia civil y militar de ese país (el Sebin y la Dgcim, respectivamente) de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, mediante un modus operandi de abusos dictado «desde el más alto nivel».
La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, ha presentado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela cometidas tanto por el Sebin (siglas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar).
«Ambas agencias cometieron violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, como tortura y otros malos tratos, violencia sexual y de género, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de corta duración», ha asegurado Valiñas.
El informe, que ya se publicó y presentó en rueda de prensa la semana pasada, documentó al menos 77 casos de torturas y abusos a detenidos en la Boleíta y otras prisiones militares -algunas clandestinas- del Dgcim, así como 51 en el Helicoide y otros centros de detención del Sebin.
Violencia «al más alto nivel»
La jefa de misión ha negado que los crímenes fueran cometidos por individuos aislados sin conexión con las jerarquías, ya que los órganos de inteligencia «forman parte de una maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan del gobierno que tiene por objeto reprimir a aquellos que percibe como sus opositores».
La experta no ha citado nombres, pero se ha mostrado segura de que este plan fue orquestado «desde el más alto nivel político». De hecho, el informe sí apunta al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como responsable último de los abusos, y también cita al vicepresidente primero del partido oficialista PSUV Diosdado Cabello, por su importante influencia por lo menos en el Sebin.
En el caso de la Dgcim. el documento menciona al director general Iván Rafael Hernández y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
«Tenemos motivos razonables para creer que estas personas son responsables por dichos actos y deben ser investigadas», ha sentenciado Valiñas.
Según la misión de la ONU, que completan el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tapattá, las violaciones de los derechos humanos por parte de ambas agencias continúan hasta el presente, bajo «un clima de total impunidad».
Como ejemplo de esta afirmación, Valiñas ha denunciado que en el mismo día de la publicación del informe, el pasado 20 de septiembre, funcionarios del Sebin se presentaron en la sede de Provea, una organización de defensa de derechos humanos en Venezuela, mientras familiares de sindicalistas detenidos reclamaban justicia en una rueda de prensa.
Venezuela acusa a la misión de calumnias
La delegación venezolana en Ginebra ha acusado a la Misión de «calumniar» al Gobierno de su país con este informe y ha pedido que su mandato no sea renovado.
«Rechazamos categóricamente en fondo y forma los supuestos informes», ha señalado en su intervención el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Héctor Constant.
Para el diplomático, la misión «se ha superado nuevamente en la ficción que construye sobre la realidad de mi país» y ha puesto como ejemplo del «proceder agresivo y calumnioso» de la misión el hecho de que los informes se presentaran en rueda de prensa seis días antes de llevarse al Consejo, «para complacer a la canalla mediática transnacional, cuyos buitres sólo pueden complacerse con titulares altisonantes».
Constant también ha denunciado que las fuentes de los informes, elaborados con 246 entrevistas (muchas de ellas confidenciales), «son personas de existencia incierta, que nadie puede constatar».
Renovación por dos años
La misión de investigación fue creada por orden del Consejo de Derechos Humanos en 2019, y concluye su mandato este mismo mes, aunque el órgano de la ONU podría, si logra mayoría de votos, renovarlo para dos años.
Varios países de la Unión Europea, entre ellos España, han intervenido en el turno de comentarios y preguntas para pedir la renovación, aunque otros, como Cuba o Rusia (expulsada del Consejo en abril pero que puede participar en los diálogos interactivos) rechazaron esta posibilidad.
