Estados Unidos, con el presidente Joe Biden, tomó la bandera del liderazgo de la vacunación mundial, dio un giro a su política de la protección de patentes y se declaró a favor de liberarlas de manera temporal para acelerar la inoculación mundial.

Ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), la representante comercial de EU, Katherine Tai, anunció que su país apuesta por el levantamiento de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 para facilitar su producción y acceso en todo el mundo.

Levantar la protección de las patentes que existen sobre las vacunas permitiría que cualquier laboratorio, con la tecnología adecuada, pueda producir los distintos fármacos contra el coronavirus sin la obligación de compensar a quienes desarrollaron los fármacos.

El mundo registra más de 163 millones de positivos por COVID-19 y unos 3 millones 382 mil fallecidos.

Las patentes tienen normalmente una vigencia de 20 años, aunque no es necesario que una empresa farmacéutica o de cualquier otro sector espere ese tiempo para poder negociar con otras firmas acuerdos bilaterales.

Se han administrado casi mil millones de dosis en todo el mundo, pero 81% han ido a parar a los países de renta alta o media alta, mientras que las naciones de renta baja sólo han recibido 0.3%, según la OMS.

Principalmente los países ricos, que controlan las patentes, son los que se oponen a liberarlas;  Alemania, Reino Unido, Australia, Canadá, Noruega, Japón, Suiza, entre otros . A pesar de que el Acuerdo de Doha prevé el levantamiento temporal de la propiedad intelectual en caso de emergencia de salud pública a escala mundial.

La «liberación» temporal de patentes podría no ser un mecanismo útil para ese fin. Y puede tener efectos negativos sobre la innovación (en las vacunas para las variantes).

El problema actual no es tanto de precios como de oferta, suministros y disponibilidad. Pese a que la solidaridad interesa a los países ricos, existe un evidente nacionalismo (incluso populismo) vacunal.

Un obstáculo crucial es que cualquier país (164 posibles) puede bloquear una decisión en la OMC, y por lo tanto una exención.