Maduro eleva en 2,000% la represión contra periodistas

Maduro eleva en 2,000% la represión contra periodistas

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La retención, el pasado 25 de febrero, del periodista Jorge Ramos y su equipo en la casa del gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien no agradaron las preguntas de la entrevista que le realizaba el comunicador, no sólo es un reflejo de la relación constante entre el régimen y la prensa, también hace eco de una “política de Estado”, de “hostigamiento permanente”.

Así lo sugiere Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, quien en entrevista con La Razón alertó que, en Venezuela, hacer periodismo exige hacerse de “habilidades para contar la historia burlando la censura” y las acciones del gobierno bolivariano para bloquear notas, reportajes o coberturas no convenientes a sus intereses.

Apenas ayer, el periodista estadounidense Cody Weddle fue arrestado por un grupo de contrainteligencia militar, en su residencia de Caracas, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTPV); con él fue detenido su asistente, el venezolano Carlos Camacho.

Con estas detenciones, ya suman 36 reporteros presos en el país, en lo que va de 2019. Tres siguen detenidos y otro tiene una medida de presentación ante tribunales, reportó el organismo gremial.

Weddle llevaba cuatro años en Venezuela y trabajaba para la estadounidense ABC, la canadiense CBC, el Miami Herald y el británico The Telegraph. Washington externó su preocupación por lo que llamó un intento por parte de Maduro, “de ahogar la verdad. Ser un periodista no es ser delincuente. Exigimos que sea liberado ileso”, escribió el Departamento de Estado en Twitter, ayer. Más tarde, el comunicador y su asistente fueron liberados; según reportó el Washington Post, el primero será deportado.

De acuerdo con Espacio Público, desde los 248 casos registrados en el último año de gobierno de Hugo Chávez (2012), con 5 mil 418 incidentes, Maduro incrementó en 2,084 por ciento el índice de violaciones al trabajo de periodistas. “Hay un patrón en la medida en que vemos mayor encono desde el gobierno. Las cifras establecen una relación entre la falta de calidad institucional y el trabajo de la prensa”, señaló el activista.

Las cifras contrastan de manera considerable al comparar el número de casos de violaciones al quehacer informativo entre los dos gobiernos chavistas: en 13 años, Hugo Chávez registró 2 mil 288 víctimas, mientras que Maduro, en cinco, puso en la lista negra a 3 mil 130, y el marcador sigue anotando.

Los datos de Espacio Público categorizan los incidentes según el tipo de agresión; así, es posible identificar las maneras en que el chavismo actúa para bloquear la libre expresión: intimidación, agresión, censura, amenazas, hostigamiento, ataques físicos, restricciones administrativas, legales o la muerte.

En 2018, el número de intimidaciones acaparó la mayoría de denuncias capturadas por la ONG, con 245, en segundo lugar, la censura, con 170 incidentes, y en tercer lugar las restricciones administrativas, que tienen que ver con la falta de facilidades del gobierno para desempeñar el trabajo periodístico.

En este último aspecto están los corresponsales internacionales, quienes padecen persecución si no cuentan con una acreditación especial; para obtenerla es necesario cumplir con una extensa lista de requisitos, que incluyen, además de la información personal completa, detallar si tiene o no una relación laboral bajo contrato, si en su estadía se dedicará en exclusiva a la misión informativa, especificar el tiempo que invertirá para ejercer sus funciones, revelar la ubicación, teléfono, sitio web y correo de la empresa que representa, indicar el tipo de medio, describir la información que edita, sus canales de difusión y la audiencia a la que se dirige.

“No pueden autoasignarse una acreditación. Algunos periodistas extranjeros ingresan al país de forma irregular. Varios han tratado de acceder al Palacio Presidencial sin acreditación”, denunció en enero el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

Sin embargo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recuerda que los esquemas de acreditación sólo son apropiados si se necesita de algún acceso privilegiado; dichos esquemas deben ser supervisados por órganos independientes y deben otorgarse con base en un proceso justo. “La acreditación nunca debe ser suspendida por el contenido de las informaciones de un periodista”, establece la RELE.

Fuente: razon.com.mx

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