Nicaragua clama justicia por 484 muertos en 155 días de resistencia

Nicaragua clama justicia por 484 muertos en 155 días de resistencia

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Todo comenzó por inconformarse contra una ley que perjudicaría a los futuros jubilados; apenas en la primera marcha contra el gobierno de Daniel Ortega, la policía de Nicaragua asesinó a tres manifestantes; la reacción del gobierno desencadenó una serie de actos de resistencia pacífica correspondidos por una violenta reacción que, a cinco meses, ya cuenta 484 decesos.

A 155 días de confrontaciones, lo que inició como una exigencia a parar la reforma al sistema de pensiones, se transformó en la lucha por la libertad de al menos 400 presos acusados de terrorismo, sólo por salir a manifestarse.

Pese a que el régimen de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, intentaron aplacar los ánimos al retractarse de la decisión de modificar la ley de pensiones, sus deciones hicieron que los manifestaciones comenzaran a exigir, ahora, la renuncia de la pareja presidencial, lo que también recrudeció el golpe de la fuerza pública contra los inconformes.

A la fecha, de los más de 300 nicaragüenses procesados, todos por manifestarse, 136 son acusados de terrorismo y delitos graves contra el Estado, mientras decenas más permanecen encarcelados de forma ilegal, sin al menos saber de qué se les acusa.

Entre las personas judicializadas están tres líderes campesinos, cuatro promotores de derechos humanos, 24 jóvenes del movimiento universitario, que encabeza las protestas contra el presidente Ortega, exmilitares y ciudadanos que exigían la libertad de sus familiares detenidos o secuestrados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido gobernante, liderado por el propio presidente.

“Nos aproximamos a más de 500 presos políticos, 200 están privados de su libertad sin acusación, pero no hay ni un solo paramilitar, ni un solo agente del Estado que esté encausado por los muertos”, advirtió Gonzalo Carrión, asesor jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos a través de un comunicado.

En otro documento, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) afirma que 481 personas, en su mayoría jóvenes manifestantes, murieron desde abril, producto de la acción policial y paramilitar. La cifra aún discrepa con la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cuenta 317; el gobierno sandinista, por su parte, sólo reconoce 198 muertos.

De acuerdo con la prensa nicaragüense, todas las detenciones hasta el momento fueron realizadas por la policía en todas las provincias del país, bajo el cobijo de una ley exprés aprobada en junio, apenas tres meses después de iniciadas las protestas.

Se trata de la Ley 997, llamada por el sandinismo, “ley contra el terrorismo”, una herramioenta usada para justificar las acciones del gobierno, “en nombre de la seguridad”.

En declaraciones para El Nuevo Diario de Nicaragua, el experto en derecho penal, Alberto Novoa, consideró que las causas por las que la mayoría de encarcelados están acusados podrían justificarse en varias faltas menos en terrorismo.

“Nos aproximamos a más de 500 presos políticos, 200 están privados de su libertad sin acusación, pero no hay ni un solo paramilitar, ni un solo agente del Estado que esté encausado por los muertos”
Gonzalo Carrión
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos

“La mayor parte de esas personas encarceladas por protestar no han lavado dinero, no han financiado actividades ilícitas y las pruebas para estas acusaciones podrían indicar otro tipo penal, pero no terrorismo”, señaló al rotativo.

“A unos se les acusa de financiar al terrorismo por haber facilitado algunos ataúdes para las víctimas de represión de las protestas (…) y a otros se les acusa de terrorismo por llevar medicinas al puesto médico” de los manifestantes, sentencia la comisión local de Derechos Humanos.

Gráfico: La Razón de México
Los juristas y defensores de derechos humanos, que han recurrido contra la Ley 997 por inconstitucionalidad, coinciden en que los juicios están llenos de nulidades e ilegalidades, por lo que agotarán todos los recursos para apelar cada caso y posteriormente recurrir a organismos de derechos humanos internacionales.

El Dato: Daniel Ortega ejerció su primer mandato entre 1979 y 1990 y retomó la presidencia del país el 10 de enero de 2007.

Fuente: razon.com.mx

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