Justicia de Guatemala condena a militares por crímenes durante guerra civil

Justicia de Guatemala condena a militares por crímenes durante guerra civil

CIUDAD DE GUATEMALA.

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Un tribunal guatemalteco condenó el miércoles a cuatro militares retirados por la violación de una mujer y la desaparición de su hermano de 14 años durante el conflicto armado, en el primer juicio por la desaparición forzada de un niño.

Los generales Benedicto Lucas García, antiguo jefe del Estado Mayor General del Ejército; Manuel Antonio Callejas, viejo líder de Inteligencia Militar, y Hugo Zaldaña Rojas, exoficial de inteligencia militar fueron condenados a 58 años de prisión por los delitos de desaparición forzada, violación y delitos contra los deberes de humanidad.

El tribunal también condenó a Francisco Luis Gordillo, excomandante de la Zona Militar de Quezaltenango, a 33 años de prisión por delitos contra los deberes de humanidad y absolvió al general Edilberto Letona de los cargos. La sentencia empezó a ser leída por el tribunal la madrugada del miércoles luego de que las víctimas y los acusados esperaran 13 horas para conocer el fallo.

Durante dos meses y medio un tribunal escuchó a peritos, testigos, víctimas y presuntos victimarios sobre lo que sucedió con Emma Molina Theissen, detenida por agentes del Estado en septiembre de 1981 en la Ciudad de Guatemala por su militancia y llevada a un destacamento militar ubicado en Quetzaltenango, al oeste de la capital.

Allí, la joven de entonces unos 20 años fue torturada y violada y días después logró escapar de sus captores.

En su búsqueda agentes policiales vestidos de particular llegaron a su casa y al no encontrarla se llevaron a su hermano de 14 años, Marco Antonio Molina Theissen, de quien nunca se supo más nada.

En su sentencia el tribunal desechó los argumentos de los defensores que justificaron los hechos porque había sido en el marco de una guerra y que lo que hizo el ejército fue luchar contra el comunismo y la subversión.

Siempre supieron lo que hacían”, dijo el tribunal al declararlos culpables.

Los militares negaron los cargos, dijeron ser inocentes y justificaron que los delitos se dieron en el marco de la guerra civil.

Zaldaña Rojas dijo el martes al tribunal que Marco Antonio Molina Theissen está escondido en algún lugar y que tiene 42 años.

El testimonio más doloroso fue el de la propia Emma Molina Theissen cuando frente al tribunal pidió justicia para ella y su hermano.

Quiero contarles que no me mataron pero que sí destruyeron profundamente mi vida durante muchísimos años en los que estuve llena de terror, llena de dolor, años en los que no me consideraba merecedora de la vida, consideraba que mi vida era una vida robada a mi hermano”, dijo.

La sobreviviente lamentó haberse escapado de sus captores pues “en el momento que se produce mi fuga, se convierte en el peor error, en el peor momento de mi vida y en la peor decisión, porque significó el secuestro y la desaparición de mi hermanito”.

La fiscalía acusó a los militares por la jerarquía y el mando que entonces ostentaban y que no ejercieron para prevenir los hechos a pesar de tener conocimiento de las violaciones a los derechos humanos.

Emma Molina Theissen reconoció a Zaldaña Rojas como uno de sus violadores y su madre como la persona que se llevó a su hijo menor.

En 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco por la violación de los derechos humanos de los hermanos Molina Theissen y ordenó la búsqueda de los restos del menor. Hasta ahora esa tarea no se ha llevado a cabo.

He vivido aplastada por la culpa, llena de vergüenza, llena de dolor, llena de asco, mucho asco. No tienen idea, profanaron mi cuerpo, violentaron toda mi humanidad y eso me va acompañar toda la vida”, dijo la hermana mayor.

Al salir de la audiencia, los asistentes aplaudieron a las víctimas mientras los condenados cantaron el himno del ejército y se abrazaron.

El ejército dijo que no comentarían el fallo judicial y que el Ministerio de Defensa es respetuoso de lo que ordenen los tribunales.

Alejandra Castillo, subdirectora del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos que acompañó legalmente a las víctimas, dijo que este tipo de casos les ha permitido a la sociedad y a las víctimas conocer la verdad de lo que sucedió durante el conflicto armado.

La sentencia de este caso nos da la posibilidad de poder nuevamente poner en discusión lo que fueron las desapariciones forzadas y cómo hasta hoy ese delito es continuado… es una lucha que no termina hasta que no sepamos dónde están”, dijo.

Fuente: excelsior.com.mx

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