PODER JUDICIAL DA SEGUIMIENTO  A QUEJAS CONTRA JUZGADOS

PODER JUDICIAL DA SEGUIMIENTO  A QUEJAS CONTRA JUZGADOS

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En el Poder Judicial de Oaxaca, las quejas que se llegan a recibir por parte de los usuarios involucrados en procesos de carácter penal, civil o familiar, respecto a la actuación de jueces, secretarios judiciales, ejecutores y demás personal adscrito a los juzgados de todo el estado, son atendidas por la Visitaduría General del Consejo de la Judicatura, organismo que del mes de marzo a noviembre de ese año realizó 20 visitas ordinarias de inspección.

En la tarea de vigilar y supervisar el desempeño de los servidores públicos judiciales y constatar que el ejercicio de su actividad sea responsable, eficaz y profesional, durante las revisiones a los juzgados se verifica que los asuntos se despachen en los términos que establece la Constitución y se respeten las garantías de una pronta y expedita impartición de justicia en beneficio de los ciudadanos.

Asimismo, se evalúan las condiciones de trabajo y la carga laboral, entre otros aspectos. De encontrarse irregularidades, las sanciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, van desde un apercibimiento dirigido con la finalidad de evitar la repetición de la falta; amonestación, multa, suspensión provisional,  inhabilitación temporal sin goce de sueldo o la destitución del cargo.

De acuerdo con información de la Visitaduría General, derivado de las 20 visitas ordinarias de inspección en los juzgados especializados en materia penal, civil, familiar, mixtos y de control, se aperturaron un total  de 232 instructivos de responsabilidad y 105 cuadernos de investigación, siendo un total de asuntos recibidos de 337.

De estos casos se dictaron un total de 169 resoluciones y se sancionaron a 69 servidores públicos. De entre ellos, 31 recibieron un apercibimiento privado; 30 una amonestación, seis una multa, uno un apercibimiento público y uno fue suspendido.   

Cabe señalar que las inspecciones que se realizan continuamente permiten evaluar la correcta ejecución de las funciones jurisdiccionales y que el desahogo de expedientes se realice con estricto apego a lo establecido en la ley y en la normatividad que rige la institución responsable de la administración de la justicia. 

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