Ante reciente violencia, piden revisar Mecanismo de Protección a periodistas

Ante reciente violencia, piden revisar Mecanismo de Protección a periodistas

microphonesEs muy difícil vivir bajo el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, te hace cambiar la vida, de rutina, de costumbres, te limita en muchas cosas, se siente que manipulan tu vida porque al estar bajo su tutela, te dicen dónde vas, narra Indalecio Benítez, periodista del Estado de México quien formó una radio comunitaria en el municipio de Luvianos.

“¿Están todos bien?”, gritó Indalecio Benítez mientras aceleró la marcha del auto cuando vio a hombres encapuchados salir de su estación de radio. Diego, uno de sus hijos, no respondió. Murió alcanzado por una bala la noche del 2 de agosto de 2014.

Este Mecanismo, operado por la Secretaría de Gobernación, busca proteger el derecho constitucional de libertad de expresión y, por ello, su catálogo de beneficiarios incluyen a blogueros, a cualquier persona que transmita radio por Internet o un periodista comunitario o a quien esté integrado a una estructura mediática más grande.

Lo mismo sucede con los defensores de derechos humanos, donde se tiene que fortalecer en la protección de una comunidad indígena, que respalde, por ejemplo, un ejido.

Indalecio Benítez entró al Mecanismo luego de que integrantes de uno de los grupos del crimen organizado que se disputaban la plaza Luvianos intentó tomar la radiodifusora para enviar mensajes al otro grupo rival.

Señala que el Mecanismo sí funciona, pero con deficiencias, Sin embargo, admite con resignación que “de nada sirve la protección, porque cuando ellos (el crimen organizado) deciden matar; ellos van a matar”.

Explica que el “botón de pánico”, una señal satelital, no funciona al 100 por ciento, porque si se descarga la batería y se recarga nuevamente, se tiene que apagar, reiniciar y a veces se pierde la señal del satélite.

Asegura que una vez que las autoridades te integran al programa de protección, analizan la situación varias veces porque “te quieren votar, su intención siempre es buscar un motivo para poderte sacar, reacomodarte, que te reintegres y hagas tu vida normal, con la finalidad de economizar gasto, cuando aún corres peligro o estas bajo amenaza”, señaló.

El periodista que tiene este mecanismo,y accedió publicar sus datos en El Sol de México,comenta que  hace tres meses que regresó a Luviano, su lugar de origen, las autoridades encargadas del mecanismo le querían retirar las medidas cautelares, como las cámaras en su domicilio.

GARANTIZA LA VIDA

 El Mecanismo de Protección para las personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, decretado por el Ejecutivo en 2012, tiene como objetivo principal el garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentran en situación de riesgo real o potencial, para el ejercicio de su labor. Cuenta con una Junta de gobierno que es la autoridad máxima del mecanismo que está integrada por un representante de la Secretaria de Gobernación, de la PGR, de la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la CNDH y cuatro representantes del Consejo Consultivo electos de entre sus miembros.

Las resoluciones que emite la Junta de gobierno serán obligatorias para las autoridades federales, cuya intervención sea necesaria para satisfacer medidas de prevención, medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección.

De acuerdo al informe “Avances y Retos 2012-2016” del Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un total de 617 personas han sido beneficiados con el mecanismo en este lapso. De estos 253 son periodistas y 364 son personas defensoras de derechos humanos.

Actualmente, en la Ciudad de México se encuentra el mayor número de defensores de derechos y humanos y periodistas beneficiados con 110; le sigue Estado de México con 45; Veracruz con 43; Guerrero con 36; Michoacán 33; Oaxaca 30; Chihuahua 22; Chiapas 21; Coahuila 18; Querétaro y Sonoras, 16 cada uno; Colima 14; Tamaulipas 12; Zacatecas 11.

Quintana Roo 9; Tabasco 8; Baja California, Jalisco, Puebla y  Sinaloa con 7 beneficiados cada uno; Morelos 6; Guanajuato y San Luis Potosí, 5; Baja California, Campeche y Yucatán, 4 cada uno; Aguascalientes, Hidalgo y Nuevo León, 2 cada uno; Tlaxcala1 y Durango y Nayarit, cero personas beneficiadas con el mecanismo.

Sobre el mecanismo, en entrevista reciente, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, anunció que este lunes se tendrá una primera versión de un Atlas de Riesgos que está desarrollando el Mecanismo con el apoyo de la Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia y el CIDE a fin de que las personas periodistas y defensoras de derechos humanos lo utilicen como una herramienta de autoprotección, con protocolos y que ofrezcan esquemas qie sean eficaces para su protección.

Dijo también que se ha sentado con las organizaciones de la sociedad civil como Articulo 19, a discutir un tema que tiene que ver con una decisión para fortalecer la confianza en el Mecanismo.

Reconoció que para algunos periodistas, parte de la desconfianza, tiene que ver que es un instrumento de gobierno, “me parece que es un asunto que habría que revisarse, implica también desventajas, la desventaja de no contar con los asideros que se tienen en el gobierno para operar cosas, pero son cosas, son aspectos que hay que discutir y revisar”, insistió.

Y agregó: “quisiera decirle a los periodistas y defensores de derechos humanos que el Mecanismo es una instancia que está a su disposición, que hoy se otorgan las medidas urgentes prácticamente de inmediato”, dejo en claro que los escoltas que se les llega a proporcionar no son elementos de las policías, sino escoltas del Mecanismo capacitadas en derechos humanos.

 EL MECANISMO NO LOGRA  “CUAJAR”

Las investigadoras de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sandra Serrano y del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), María Grisel Salazar Rebolledo, así como Alejandra Aleyva Hernández, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), coincidieron que si bien el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas si bien se creó con una intención buena y un objetivo claro de dar medidas de protección no ha logrado “cuajar” debido a la desconfianza que se tiene en las instituciones gubernamentales y a cinco años de su creación tiene avances limitados, además de que este año no cuenta con recursos limitados.

En entrevista Sandra Serrano, Coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de FLACSO, comentó que el número de periodistas que han sido asesinados en los últimos años ha crecido de manera alarmante, sobre todo frente a un escenario de creciente violencia contra periodistas que se han atrevido a investigar y publicar  información de nexos entre el narcotráfico y el gobierno o hechos de corrupción que los llevan a convertirse en objetivos de grupos de las redes criminales.

Esto es lo que lleva a la creación del mecanismo que, dijo, tuvo muchos problemas al principio, cambios en los encargados, poca estructura interna y no logra verificar bien los riesgos, lo que se ha venido agravando.

En su opinión el mecanismo está a la deriva porque no hay una idea clara de cómo ejercerlo.

Agregó que las medidas pueden funcionar, pero al final de cuentas resultan invasivas en la vida de las personas.  Y señaló que entre las deficiencias que tiene el mecanismo es que no se ha sabido cómo hacer proporcional el uso de las medidas, cómo hacer que sean eficientes; no se tiene un ideario claro, una política pública clara de cómo atender este tipo de problemática.

Se tiene que hacer una evaluación del riesgo a partir de las posibles zonas agresoras, las condiciones de las personas en riesgo, la metodología general que debe utilizarse no puede estar pensada solo en caso por caso, sino que tiene que tener una lógica general y que el botón de pánico sea útil en ciertas circunstancias y que efectivamente sirva.

Sandra Serrano consideró que las otras entidades que forman parte también del mecanismo como la PGR deben activar sus facultades de investigación para sancionar a los responsables, porque si no se sanciona a los responsables no hay posibilidad de la existencia del mecanismo, y que a mediano y largo plazo pueda realmente proteger a un periodista o defensor de derechos humanos porque significaría coartar su vida por muchos años. 

Indicó que el mecanismo si está diseñado para que haya investigación, pero en la práctica no hay consistencia en eso.

“Tienen que pensarse en distintos niveles las acciones, si la menor afectación al periodista pero con la mayor protección, pero aterrizado en una idea general que permita adecuar los procesos y eso no lo es que está pasando ahora”, manifestó.

A su vez la investigadora del CIDE, María Grisel Salazar Rebolledo, cometó que el mecanismo es un instrumento de política que surge en el marco de un contexto de violencia a finales de 2010, pero la parte de la prevención esta descuidado, además de la desconfianza que existe hacia las instituciones.

En este Mecanismo, agrega, se tiene que privilegiar la prevención, no actuar hasta que el periodista esta ya agredido, darle mucha más certidumbre de la que tiene ahora.

Falta la elaboración de un diagnóstico más preciso de la situación que prevalece en la República con relación a los periodistas y actuar no nada más a partir de las situaciones de emergencia, sino crear un verdadero plan que involucre a los estados en donde hay problemáticas más particulares.

“No quisiera decir que no funciona porque finalmente es una reacción que se consideró necesaria frente al endurecimiento de las condiciones en que se desempeña la prensa. En que han quedado todas las denuncias que hay, no ha habido ningún aprendido, ningún sentenciado en las investigaciones, los recursos que se están destinando a estos mecanismos no quedan plenamente justificados en tanto no se estan dando resultados muy efectivos”, señalo.

El mecanismo es un elemento totalmente reactivo que solamente se activa después de que sucede la agresión,  no hay un componente de prevención ni de protección antes de que sucedan las agresiones, insistió.

Aseguró que las cifras sobre agresiones a periodistas y a defensores de derechos humanos no coinciden entre las que tiene el gobierno y las que tienen las organizaciones de la sociedad civil, como Articulo 19. “Esta maraña de cifras responden al tema de la desconfianza, es difícil documentar muchos casos”.

Alejandra Aleyva Hernández, abogada del  área de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), comentó que a cinco años de su creación el Mecanismo ha tenido ciertos avances en su implementación, pero para la realidad del contexto actual ha tenido una función muy limitada, hay cosas que se pueden mejorar, opinó.

Si bien el mecanismo es una medida de protección, no se han trabajado las cuestiones de fondo y las cuestiones estructurales que ponen en riesgo a las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente.

En el caso de defensores del medio ambiente, hay individuos, pero también comunidades indígenas, comunidades campesinas, organizaciones y el mecanismo en ese sentido apenas ha estado trabajando un poco en qué medidas podrían funcionar para las colectividades defensoras del medio ambiente y que están en condición de vulnerabilidad,

Consideró que el mecanismo tiene que mejorar, pero sobre todo que el Estado mexicano tiene que implementar una política integral de protección a los defensores, que incluya la parte preventiva.

Todas estas medidas como el botón de pánico, las escoltas, las cuestiones de infraestructura a veces no funcionan correctamente, además de que hay un gran nivel de desconfianza para entrar al mecanismo, además de que en las diferentes etapas hay deficiencias.

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