Evitará nuevo sistema penal arbitrariedades: SCJN

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La novedad que entraña el nuevo diseño procesal puede generar incertidumbre sobre los criterios a seguir, pero corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijar, en última instancia, el rumbo interpretativo del quehacer cotidiano de todos los actores, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, siempre con miras a la salvaguarda de la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos humanos que consagra, tanto a favor de los procesados como con las víctimas, indicó el ministro presidente de Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Luis María Aguilar Morales.

Al encabezar la ceremonia de etapa final de la entrada en funcionamiento de los Centros de Justicia Penal Federal, el ministro declaró implementado al cien por ciento a nivel federal el nuevo sistema procesal penal, cumpliendo anticipadamente con su compromiso constitucional y con la sociedad mexicana.

Así, mediante ceremonias simultáneas desde hoy entraron en funciones del nuevo sistema procesal penal en Baja California, Jalisco, Guerrero, Tamaulipas y en el archipiélago de las Islas Marías.

“México que no es otro sino su pueblo, su gente, hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, exige y merece una justicia penal madura, protectora, sí, pero no solapadora, la sanción que nuestras leyes determinan para quienes dañan, agravian a la sociedad, deben ser impuestas, no solo como un castigo al responsable, sino especialmente como una forma de equilibrar el orden social y restaurar la paz que se pierde por la comisión del delito, por el agravio a las personas, por el peligro que implica su conducta antisocial, buscando el equilibrio de los derechos de todos los involucrados, de todos los afectados, reconociendo que todos son igualmente importantes, que todos deben ser respetados.

No hay duda que los derechos de los acusados de un delito son fundamentales, pero no es menos cierto e incontrovertible que los de las víctimas tienen la misma importancia y deben ser respetados con la misma aplicación, cuidado, responsabilidad e intensidad, de lo contrario la decisión perderá su cualidad de justicia.

Pero “nadie es culpable hasta que existe una sentencia firme, y siempre y cuando se haya seguido puntalmente el debido proceso legal, sin el cual las personas, cualquiera de nosotros, correrá el riesgo de ser declarado culpable sin  haber sido realmente juzgado por sus actos sino por apariencias, por decires de terceros”.

Los únicos que pueden y deben determinar si una persona es responsable de un acto delictivo son los jueces, e incluso dentro de un sistema que permita la defensa y los recursos accesibles, acotó el ministro.

“Esto no es asunto menor, es una obligación del Estado Mexicano. Los derechos de la persona no se negocian, no se someten al criterio publicitario, no son requisitos u obstáculos para la justicia, son, por el contrario, el único medio, la garantía de que cualquiera de nosotros será juzgado por leyes, por tribunales y conforme al debido proceso legal, sólo así podrá haber seguridad jurídica, sólo así se evitará el linchamiento público”.

Claro que ello llevará riesgos, dijo, claro que exigirá a la autoridad cumplir con la ley y respetar los derechos desde el momento mismo de la detención, sin tortura, sin presión, sin simulaciones y engaños, pero eso es precisamente lo que queremos todos, lo que queremos los mexicanos, evitar la arbitrariedad, por eso está plasmado así en nuestra Constitución.

Y reitero, descalificar a los jueces fuera del contexto en el que han juzgado, no contribuye al interés de lograr un mejor Sistema de Justicia Penal, y menos haciéndolo sin conocimiento directo de los hechos y derechos que han estado en juego en cada caso concreto y aun sin percatarse de las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales que rigen obligatoriamente su proceder; reglas construidas sobre las disposiciones de la ley y la Constitución Suprema de la Nación.

O los derechos y el debido proceso son absolutamente para todos, o simularemos ello siempre que no nos convenga.

“No toleramos ni protegemos a los malos jueces, no hay cabida alguna para la corrupción o la ineptitud, siempre que hemos conocido de ello, con pruebas de sus actos y no simples diferencias de opinión, hemos actuado con firmeza, sin miramientos, sometiendo a los sospechosos a un procedimiento de responsabilidad, y cuando han quedado demostradas su malas conductas en el Consejo de la Judicatura Federal los sancionamos con dureza, con firmeza pero siempre conforme a la ley”.

Solo en el lapso en que he estado en la presidencia el Consejo de la Judicatura, recordó, ha sancionado a 78 funcionarios públicos, de entre ellos a los titulares de la impartición de justicia.

“Así hemos destituido a cinco jueces de distrito, hemos inhabilitado hasta por diez años a un magistrado de circuito y hemos impuesto sanciones de suspensión del cargo a otros cinco titulares, jueces y magistrados.

“Solo saldremos de la oscuridad de la ignorancia, de la miseria y la corrupción si hacemos valer nuestros derechos y aceptamos nuestras obligaciones, si actuamos, no conforme a lo que cada quien cree que es la justicia propia, sino de acuerdo con la ley y la constitución, que es fruto de la voluntad de los mexicanos, podremos llegar a la luz de la libertad, del respeto y de la justicia que necesitamos, sin tolerar la arbitrariedad de la autoridad, de ninguna, que es la forma más ruin de la corrupción.

“Es nuestra responsabilidad, como jueces, cumplir con la Constitución, respetar los derechos de las personas y seguir los procedimientos que se marcan en la ley, pues es la única manera de garantizar una justicia objetiva.

“No se trata de legalismos, se trata de cumplir con obligaciones de la ley”, y subrayó que no son tecnisismos, son compromisos del Estado mexicano para garantizar a sus ciudadanos seguridad jurídica y convivencia.

Aguilar Morales encabezó la ceremonia simultánea de etapa final de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Pena en 4 entidades; por lo que desde hoy inicia funciones el nuevo sistema procesal penal en Baja California, Jalisco, Guerrero, Tamaulipas y en el archipiélago de las Islas Marías.

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