Avalan en Senado 3 de 3 para quien reciba dinero público

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La madrugada de este miércoles fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República la propuesta del senador Manuel Cárdenas Fonseca sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La propuesta contempla que cualquier persona que reciba recursos públicos está obligada a presentar la Ley 3 de 3.

En tanto anoche, tras sortear mil vicisitudes, después de un escabroso proceso, se empezaron a aprobar en el Senado de la República, las leyes reglamentarias fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción, instrumento que permitirá combatir este mal endémico que cuesta al país el 10 por ciento del Producto Interno Bruto y que en la pasada década las familias mexicanas por este flagelo desembolsaron 86 mil millones de dólares.

Por fin se contará con las leyes secundarias para abatir la corrupción, fenómeno multifactorial, que inhibe el trabajo de las instituciones, desacelera el crecimiento económico del país, impide el desarrollo social, genera inestabilidad política y deriva en la desconfianza e incertidumbre. En suma, representa la ausencia de valores y el desprestigio al marco jurídico actual.

Tras sortear múltiples aduanas, con 116 votos a favor y 4 en contra se aprobó en lo general y en lo particular la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como en lo general la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ésta por 93 a favor y 23 en contra, cero abstenciones, pasada la medianoche.

Después de un receso, anoche el pleno senatorial, tras un debate de 6 horas aprobó la primera de las tres leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

Y pasadas las 22 horas, tras un intento del PAN de suspender la sesión, que pidió el senador por Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien en la tribuna demandó suspender la discusión del dictamen y por ende, dejar de analizar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la más controvertida de esta reforma reglamentaria, no se aprobó en votación económica.

Y todo lo anterior, en el marco del período de sesiones extraordinarias del Segundo receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, al que convocó la Comisión Permanente.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, destacó que “ha sido un proceso escabroso, muy difícil en su implementación, pero este dictamen representa un avance en el desmantelamiento del entramado institucional que ha permitido que la corrupción forme parte del ejercicio de la función pública”.

El presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, el senador del PVEM, Pablo Escudero Morales, dijo que el dictamen está perfectamente blindado y sustentado que se elaboraron en los últimos 12 meses.

Afirmó que se tomaron en cuenta las peticiones de la sociedad civil con la Ley 3 de 3 que las incluyeron a través de un adendum del PRI y del PVEM.

Pero en el Artículo 29 de dicho adendum a la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece: “…Las declaraciones patrimonial y de intereses serán públicas salvo los rubros de publicidad que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitucion…”

Esto es, la propuesta de la dupla PRI-Verde elimina la obligación de los servidores públicos de dar a conocer sus ingresos, propiedades, vehículos, cuentas bancarias, créditos hipotecarios, etc. Y en el caso de la declaración fiscal, la obligación es sólo subir a la Plataforma Digital Nacional la carátula de su declaración de impuestos.

El senador panista Juan Carlos Romero Hicks, lamentó que “no cumplimos la fecha del 28 de mayo que era el plazo para cumplir con las leyes secundarias, porque faltó voluntad de algunas fuerzas políticas para poder cumplir”.

Comentó que en la Ley General del SNA se establece una composición, atribuciones, herramientas, objetivos, funcionamiento de este sistema. Se establece un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana.

Consideró que esto es muy importante, es la participación ciudadana para combatir la corrupción. Se crean Plataformas digitales para incorporar información de funcionarios sancionados y sistemas de compras, entre otros.

La senadora priista Lilia Merodio Reza, en la tribuna manifestó que corrupción representa la ausencia de valores y el desprestigio del marco jurídico que nos rige; pero peor aún, constituye la imposibilidad de que los mexicanos honestos y trabajadores puedan satisfacer sus necesidades básicas.

Con la Ley General Anticorrupción sentamos las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y se fortalece el papel de las autoridades competentes en la prevención, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, dijo la legisladora chihuahuense.

Fue el senador perredista Armando Ríos Piter, quien dijo en la tribuna que hoy la corrupción es uno de los tres principales temas que preocupan a la sociedad: el 91% de la gente percibe a la corrupción como un problema que tienen los partidos políticos y que se vive en el Congreso de la Unión, en este Senado y en la Cámara de Senadores.

Y de la misma forma, en el tema de desarrollo económico, muchas cifras se han vuelto datos cotidianos: que si la corrupción nos cuesta el 10% del PIB o que a si las familias les llegó a costar alrededor de 86 mil millones de dólares, por lo menos en la pasada década en términos de gastos cotidianos.

A su vez, la senadora panista Laura Rojas Hernández, dijo que la corrupción es hoy día el principal problema estructural del país y el más grande obstáculo para su desarrollo. Su afectación no se limita a la pérdida directa de los recursos de los mexicanos que se quedan en los bolsillos de los corruptos sino que afecta la economía a escala nacional, evita la generación de bienes públicos, transgrede los derechos humanos, evita la redistribución del ingreso y mina la confianza en la democracia.

Y dijo más: México tiene una calificación de 35 puntos sobre 100 en el último Indice de Percepción de la Corrupción, ubicado en la posición 95 de 167 países evaluados. “Es decir, estamos en la mediocridad, a la mitad de la tabla.

Señaló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, se estima que hay de 30 mil víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, asociadas con la realización de trámites, pagos o que tuvieron algún tipo de contacto con servidores públicos en áreas urbanas.

El costo total a consecuencia de la corrupción en trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con las autoridades fue de 6 mil 418 millones de pesos, que equivale a 2,799 pesos por persona afectada.

Multas y prisión por corrupción
Ayer por la tarde noche, en comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, del Senado de la República se aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción. Al pleno se subirían estos cambios la tarde de este miércoles.

Contempla la pena de destitución y la inhabilitación de servidores públicos, para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para poder participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un plazo de uno a 20 años.

Y será por un plazo de uno a 10 años cuando no exista daño o perjuicio, o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Será un plazo de 10 a 20 años si dicho monto excede el límite anterior.

Y al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de 2 a 7 años de prisión y multa de 30 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

También se impondrán penas de 6 meses a 12 años de prisión y de 100 a 300 días multa al particular que, en su carácter de contratista, permisionario, asignatario; titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Federación, con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero:

Genere y utilice información falsa o alterada respecto de los rendimientos o beneficios que obtenga.

Y cuando estando legalmente obligado a entregar a una autoridad información sobre los rendimientos o beneficios que obtenga, la oculte.

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