Mando Único no es la ruta para fortalecer a policías: Barbosa

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CIUDAD DE MÉXICO.

No estamos de acuerdo en el PRD con la eliminación de la función de seguridad pública para los municipios, la sujetamos a criterios poblacionales y de fuerza: municipios con menos de 20 mil habitantes no podrán tener una organización policial con fines de seguridad pública, pero sí una fuerza de orden para resolver los problemas administrativos y de bando de policía y buen gobierno.

Intervención en tribuna del senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 76, 104, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública.

Miguel Barbosa Huerta, (MBH): Los legisladores del PRD venimos a presentar un proyecto de Reforma Constitucional a los artículos 21, 73, 76, 104, 115 y 123 de nuestra Carta Magna, en materia de seguridad pública.

En septiembre del año 2014, policías municipales de Iguala y Cocula participaron activamente en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

El caso, aún sin resolverse, cimbró al país, sus repercusiones se sienten en la arena política, pública. Pero no se trató de un incidente aislado, existen centenares de casos documentados de participación de policías en actividades delictivas, algunas muy graves.

La corrupción es sólo uno de los problemas que aquejan a los cuerpos de seguridad. Salvo excepciones, las instituciones policiales en México están mal pagadas, mal entrenadas, mal organizadas y mal controladas.

La distancia entre la policía y los ciudadanos se ha agrandado con el transcurso de los años.

Después de la tragedia de Iguala, el Gobierno de la República reconoció el problema y puso en la mesa una propuesta de solución: la eliminación de las mil 800 instituciones policiales de los municipios del país y su integración en 32 policías estatales únicas.

Esa iniciativa, la que presentó el titular del Poder Ejecutivo Federal, tiene múltiples deficiencias:

1. Las policías estatales no son necesariamente mejores que las policías municipales; como ejemplo, de los 38 mil 698 policías no aprobados en el proceso de control de confianza, de ellos, el 55 por ciento pertenecían a Instituciones estatales, no municipales. Sólo cinco de 32 instituciones preventivas estatales cuentan con unidades de asuntos internos. Más de 60 por ciento de los policías estatales tienen remuneraciones inferiores a 9 mil pesos, un nivel salarial no muy distinto al de las policías municipales.

2. Las policías estatales, salvo excepciones, no han adoptado el modelo policial mandato por la ley. Se han mostrado como instituciones reacias al cambio, a pesar de ser relativamente pequeñas.

Nada permite suponer que multiplicar varias veces su tamaño facilitaría su transformación. Hacer funcionar a 32 policías estatales únicas requiere de un periodo de implementación de cuatro a seis años y de una gran cantidad de recursos presupuestales, la sola homologación salarial costaría 18 mil millones de pesos.

3. El impacto de la corrupción crece conforme se concentran las capacidades. Si se corrompe la policía de Iguala, el problema se supone, se acota a Iguala; si se corrompe una policía única en Guerrero, el problema es del estado completo. Cabe recordar que la policía de Iguala tenía un convenio de Mando Único con el gobierno estatal cuando participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

4. El mundo se mueve en la dirección contraria a la propuesta del Ejecutivo. En Brasil, país federal que cuenta con un modelo muy similar al que se quiere establecer en México, el número de localidades con guardias municipales se multiplicó por cinco entre 2006 y 2012; en noviembre de 2014 se aprobó una legislación federal para formalizar la figura de guardia municipal.

En Francia, un país con un modelo altamente centralizado de policía, 3 mil 500 comunidades cuentan con instituciones municipales. Italia tiene una amplia red de policías municipales.

En Alemania, caso citado por el Ejecutivo federal en su iniciativa, existen múltiples ciudades con policías municipales.

Los congresos estatales de Argentina, siguiendo el ejemplo del Congreso de la Provincia de Buenos Aires, desarrollaron en 2015 legislación específica para crear policías municipales, que antes no existían. De hecho, son excepcionales los países donde no existe algo que se asemeje a una policía local.

5. La policía no sólo persigue delincuentes. Tiene funciones de mantenimiento del orden público, de regulación de tráfico y de resolución de disputas cotidianas. Para cumplir eficazmente esas tareas, la policía tiene que estar anclada en la comunidad, tener cercanía con la población y conocer las fuentes de conflicto, eso no lo puede hacer una policía de corte militar traída de fuera de la comunidad.

Mando Único no es sinónimo de policía estatal única, tal como se ha venido implementando en buena parte del país, el Mando Único es un arreglo institucional que transfiere el control operativo de las policías municipales a los gobiernos de los estados, pero no las elimina.

El principal resulta obvio: implica un divorcio entre el control operativo y el control administrativo de las policías municipales. Ese hecho inevitablemente conduce a disputas entre órdenes de gobierno, como se ha visto recientemente en los estados de Morelos y Nayarit, por dar sólo dos ejemplos.

Por otra parte, obliga a una renovación periódica de convenios entre municipios y estados, lo cual anula una de las supuestas ventajas del Mando Único que es reducir las presiones de las bandas criminales sobre los gobiernos municipales.

Cada tres años, al momento de renovar o no el convenio de Mando Único, los presidentes municipales se vuelven blanco de corrupción, intimidación o ambos.

En consecuencia, el Mando Único, en su forma vigente, es un arreglo estructuralmente inestable y no puede ser la ruta del futuro para el fortalecimiento de las policías.

Un modelo de policía estatal única a la manera de Nuevo León es extraordinariamente costoso. Cada elemento de la Fuerza Civil le cuesta al erario neolonés 550 mil pesos al año. Esa es una de las razones por las cuales esa institución ha tenido que ser mucho más pequeña que lo proyectado inicialmente, se planteó inicialmente la creación de una fuerza con 15 mil elementos; la corporación cuenta ahora apenas con 3 mil 800.

Además de esas deficiencias, la iniciativa del Ejecutivo es políticamente inviable, en términos esquemáticos, pide a los gobiernos municipales ceder sus policías y comprometerse a pagar un monto indeterminado a los gobiernos estatales por la función de seguridad pública. No es casual por tanto que la mayoría de los alcaldes del país se hayan manifestado en contra de la propuesta.

Entonces, ¿qué reforma proponemos? Una que contemple los siguientes elementos:

1. La preservación de un papel en materia de seguridad pública para los municipios, sujeto al cumplimiento de estándares mínimos de calidad, integridad y eficacia.

2. La definición de estándares policiales nacionales y la construcción de un servicio nacional de carrera policial.

3. La acreditación institucional de las instituciones policiales de todos los niveles de gobierno, como base de su permanencia.

4. El establecimiento de un organismo certificador nacional, con facultades amplias para detonar procesos de cambio en las policías e intervenir y eventualmente eliminar instituciones incapaces de cumplir con normas mínimas.

5. El fortalecimiento de mecanismos de control interno y la creación de instancias formales de control civil sobre las policías.

6. La institucionalización de un régimen de seguridad social y de derecho de asociación para personal de seguridad pública, como parte de un esfuerzo más amplio en la dignificación y fortalecimiento de la carrera policial.

7. La definición de un modelo presupuestal que haga posible una transformación de fondo de las instituciones de seguridad pública.

Una reforma de esa naturaleza exige un rediseño a fondo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En consecuencia, debe tener como punto de arranque una reforma constitucional. Pero el cambio no puede detenerse allí, es indispensable revisar buena parte del marco normativo en la materia, empezando con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Debe, asimismo, contemplar una transformación de los fondos de aportaciones y subsidios dedicados a la seguridad pública en las entidades federativas y los municipios.

En resumen, ésta es una propuesta de reforma policial profunda. El centro del debate es la calidad de las policías, no su número. La pregunta esencial es cómo se gobiernan y cómo se organizan las policías, no quién manda sobre ellas.

Como quiero ser respetuoso del tiempo ya el contenido de esta iniciativa está en la Gaceta, pueden consultarla, y ahí están los elementos centrales de la misma, amén de lo que ya he mencionado.

Nuestra propuesta es una reforma constitucional para el rediseño del Sistema Policial, tiene elementos comunes con las del Partido Acción Nacional, que también es una propuesta de reforma constitucional al sistema policial mexicano.

No estamos de acuerdo en el PRD con la eliminación de la función de seguridad pública para los municipios, la sujetamos a criterios poblacionales y de fuerza: municipios con menos de 20 mil habitantes no podrán tener una organización policial con fines de seguridad pública, pero sí una fuerza de orden para resolver los problemas administrativos y de bando de policía y buen gobierno.

Menos de 20 mil habitantes representan el 63 por ciento de los municipios del país, y ese 63 por ciento representa sólo el 10 por ciento de la población en México.

Los mayores de 20 mil habitantes bajo el criterio poblacional y que puedan integrar una fuerza policial de al menos 100 integrantes con capacidad profesional, con armamento con estrategia, con inteligencia, tampoco podrán desempeñar la función de seguridad pública.

Se trata de preservar a los municipios como han sido concebidos en nuestro régimen y en nuestra arquitectura constitucional, eliminarlos de la función de seguridad pública es convertirlos en simples delegaciones de los gobiernos estatales, en simples delegaciones de los gobiernos estatales, es desnaturalizar su función de autoridad.

En el PRD tenemos esa posición y si seguimos coincidiendo con el Partido Acción Nacional no pasará la figura de policía estatal única ni la figura de mando único.

A su disposición, Senadoras y Senadores de la República, la presente iniciativa.

jcp

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