Aprueba Cámara baja ley contra robo de hidrocarburos; prisión hasta de 25 años

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La Cámara de Diputados aprobó ayer con 340 votos a favor, siete en contra y 54 abstenciones, la ley contra el robo de hidrocarburos, que logró destrabarse de última hora, luego de que introdujo al dictamen un adéndum para eliminar la clasificación de “terrorismo”, a la protesta social que se registre en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y eléctricas.
El dictamen, que regresó al Senado para su eventual ratificación, impone multas diversas de cárcel y económicas a quienes se integren a la cadena del robo de hidrocarburos que cuesta anualmente al país alrededor de 40 mil millones de pesos, sin considerar el impacto que provoca la inseguridad sobre las actividades económicas y las inversiones en las comunidades afectadas.
Sin embargo, el texto que expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Contra de la Industria Petrolera, mantiene la calificación de “delito grave” el robo de combustibles, con el fin de inhibir ese ilícito.
Añade que el mercado ilícito de combustibles se incrementó de manera significativa, en 2013 se presentaron tres mil 267 denuncias y en 2014 fueron cinco mil 90, lo que representa un aumento del 55.80 por ciento.
Establece el dictamen penas de 15 a 25 años de prisión y de 15 mil a 25 mil días de salario mínimo vigente para quien sustraiga o aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores, o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
A quien los compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie; resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre o los oculte; altere o adultere, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores, o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
Las sanciones para las conductas del párrafo anterior varían desde los dos años de prisión y dos mil días de salario mínimo, hasta 15 años de prisión y multas de 15 mil días de salario mínimo, dependiendo de la cantidad del combustible involucrado.

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