Resolución sobre Pérez se posterga

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CIUDAD DE GUATEMALA, 5 de septiembre.— El juez Miguel Ángel Gálvez dijo que dará a conocer el próximo martes 8 de septiembre su decisión sobre el futuro del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, implicado en un caso de corrupción que lo obligó a dimitir al cargo.

Gálvez explicó ayer, en la primera audiencia de declaración del exgobernante, que necesita tiempo para dar su veredicto, en vista de que los alegatos presentados por el abogado defensor, César Calderón, “tienen cierta lógica”.

El juez dijo que analizará todos los medios de prueba que se han presentado durante la audiencia, que culminó ayer tras dos días, y en la que la Fiscalía pidió ligar a proceso a Pérez Molina por el caso de la red de fraude aduanero “La Línea”, mientras que el exgobernante insistió en su inocencia.

La Fiscalía de Guatemala  también investigará el patrimonio del expresidente en busca de pruebas adicionales de que dirigía una mafia aduanera, dijo el jefe de la comisión internacional CICIG, cuyas pesquisas anticorrupción llevaron a la caída del exmandatario y buena parte de su gobierno.

“El próximo paso es examinar la situación patrimonial del señor Otto Pérez”, dijo a un grupo de corresponsales Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, sobre los nuevos flancos a analizar luego de que el exmandatario perdiera su inmunidad.

Velásquez aseguró que hay documentación suficiente para respaldar sus señalamientos, y que el análisis de la información financiera podría complementar algunas de las evidencias recabadas durante meses, que incluyen unas 90 mil escuchas telefónicas y miles de documentos incautados en 17 allanamientos.

“Cuentas, propiedad de bienes, eventual presencia de testaferros. Todo lo vamos a investigar”, aseguró el exjuez colombiano, cuyo trabajo acabó con el arresto de varios altos funcionarios, incluyendo la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el jefe del Banco Central.

Si Pérez Molina es imputado, la CICIG y la Fiscalía planean solicitar tres meses para asegurar los cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera, pero “con la posibilidad de examinar otros frentes”, como el lavado de dinero que mencionó recientemente la fiscal Thelma Aldana.

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