Peña propone medidas contra el endeudamiento de estados

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Con el fin de ordenar a los estados que se endeudan indiscriminadamente, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión las iniciativas reglamentarias para darle operatividad a la reforma constitucional de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios (LDF).
La ley entró en vigor el 27 de mayo pasado y promueve la transparencia y eficiencia además de establecer sanciones en caso de daño a la hacienda pública.
La iniciativa, enviada a la Cámara de Diputados, permitirá reducir el costo del financiamiento de los gobiernos estatales y municipales, al tiempo que las administraciones se comprometan a fortalecer su solidez financiera; asimismo, permitirá crear nuevas obligaciones para la contratación responsable de deuda.
De acuerdo con la exposición de motivos del Jefe del Ejecutivo “se promueven reglas y estándares de disciplina financiera: “La iniciativa propone diversas medidas a fin de asegurar un manejo responsable, eficiente y prudente de las finanzas públicas”.
Establece “diversos mecanismos de medición y control del balance fiscal de los estados y municipios; es decir, busca que los ingresos y egresos que hay en las entidades federativas estén en un sano equilibrio.
“Igualmente, propone otras medidas prudenciales: limitar el crecimiento del gasto en servicios personales, aportar recursos a fideicomisos para atender eventuales desastres naturales, priorizar la utilización de ingresos excedentes en la amortización de deuda, y fortalecer la planeación financiera y la ejecución de proyectos de inversión”.
Se crean nuevas obligaciones para la contratación responsable de deuda.
“Este nuevo ordenamiento no prohíbe que los estados recurran eventualmente a la contratación de deuda, pero establece principios y lineamientos para que lo hagan de forma mucho más ordenada y con responsabilidad frente a las condiciones que mantenga su hacienda pública”.
“Por ejemplo, los créditos sólo podrán contratarse con la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones de mercado. Además, esta contratación forzosamente requerirá de la aprobación de la mayoría calificada en la legislatura estatal correspondiente. Asimismo, la deuda pública deberá transparentarse y destinarse exclusivamente a inversión pública o a mejorar el perfil crediticio del gobierno solicitante”.
“Además, los créditos de liquidez de corto plazo tendrán que ser saldados al menos tres meses antes de que concluya la administración que lo solicite. De esta manera estaremos evitando que cuando un gobierno está a punto de concluir su gestión adquiera o contrate nuevos empréstitos, contrate deuda que tenga que dejar para el pago de las administraciones que vengan hacia adelante, sobre todo aquellos de corto plazo”.
Se crea el Registro Público Único, previsto en la reforma constitucional. “En él, los gobiernos estatales y municipales, así como los organismos públicos locales, deberán inscribir y transparentar todas sus obligaciones financieras, incluyendo las contratadas bajo esquemas de asociación pública-privada. Además, este Registro se actualizará oportunamente y su información podrá ser consultada por los ciudadanos en las páginas de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Se establece el Sistema de Alertas de Deuda Pública de Entidades Federativas, Municipios y Entes Locales, contemplado en la Reforma Constitucional en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
“Se trata de un esquema de indicadores que permitirá identificar y distinguir a los estados y municipios conforme a sus niveles de endeudamiento. Esta innovadora herramienta de transparencia no sólo será útil para advertir elevados niveles de endeudamiento y tomar medidas correctivas, también facilitará el acceso a créditos con menos costos y en mejores condiciones a los gobiernos locales con bajos niveles de deuda”.
La iniciativa de ley también “establece los procedimientos y condiciones que deberán cubrir los gobiernos locales para contar con una deuda estatal garantizada; es decir, deuda con la garantía de la Federación, similar a la que goza el Gobierno del Distrito Federal desde hace muchos años”.
“La importancia de este mecanismo es que permitirá reducir el costo de financiamiento de los gobiernos estatales y municipales, al tiempo que las administraciones se comprometan a fortalecer su solidez financiera. Esto es así, toda vez que el acceso a deuda estatal garantizada requerirá forzosamente de un convenio con la Federación, aprobado por la legislatura local, en el que asumen obligaciones puntuales de responsabilidad hacendaria”.

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