Ley ampara a CFE en pugna con Villagrán

Ley ampara a CFE en pugna con Villagrán

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CIUDAD DE MÉXICO, 29 de agosto.- De acuerdo con la Constitución y las leyes en materia de energía, la infraestructura para la transmisión (torres) y distribución (cableado y postes) es considerada de dominio público y propiedad del Estado, aun con la aprobación de la Reforma Energética, por lo que tiene prioridad por sobre cualquier otra actividad o interés particular.

De tal forma que buscar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pague cuotas por colocar este tipo de instalaciones requiere de un proceso legal para revertir lo que dicta la ley, siendo ésta una decisión de la corte y no de un gobierno local, así lo aseguraron expertos del sector que prefirieron el anonimato.

Analizan cobros

Esto, luego de que Rubén Villafuerte Gasca, presidente municipal de Villagrán, en el estado de Guanajuato, asegurara que ya analizan el cobrarle a la empresa cuotas por el uso de la vía pública donde se encuentra el cableado y los postes para distribuir la energía a la comunidad.

Cabe mencionar que dicha entidad  tiene un adeudo de electricidad por más de 2.5 millones de pesos, por lo que ya han comenzado a registrar cortes de energía, tanto en el palacio municipal como en algunas avenidas principales.

La idea de Villafuerte Gasca ha sido respaldada por el gobernador del estado, Miguel Márquez, quien recientemente comparó este cobro a la infraestructura de CFE, que se encuentra en la vía pública, con las cuotas que se exigen a los “puestos de tacos” o el pago de “predial de los ciudadanos”, considerando que los alcaldes tienen ese derecho.

Ante esto, la CFE asegura desconocer esta propuesta, por lo que no tienen una posición sobre el tema.

Sin embargo, aun con la aprobación de la Reforma Energética, dichas instalaciones no pierden su estatus en las nuevas leyes, ya que su objetivo sigue siendo el mismo, es decir, otorgar un servicio estratégico y fundamental para el desarrollo de la población.

De acuerdo con el Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, señala que “derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente Decreto, se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”.

Ante esto, los expertos señalan que los intereses particulares no pueden estar por encima de la ley o del bien social.

Es por ello que cualquiera que busque sacar provecho o cobrar algún gravamen a la Comisión Federal de Electricidad deberá iniciar un proceso legal, por lo que tendrá que ser la Corte quien dicte una resolución final.

“La infraestructura que se logre crear después de la reforma constitucional y la publicación de las leyes secundarias, como es el caso de la transmisión y distribución de electricidad, también queda reservada para la nación. Aunque cambia la situación jurídica de la CFE y se convierte en empresa productiva del Estado, más cercana a las mejores prácticas de las empresas privadas, tampoco puedes separarla del encargo que tiene en nombre de la nación” para seguir desarrollando esta infraestructura.

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