Sobrepoblación en penales agrava la crisis

Sobrepoblación en penales agrava la crisis

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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de julio.- El sistema de Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), clasificados como de “máxima seguridad”, tiene un motivo más de preocupación: el hacinamiento.

A la serie de ajustes que se desencadenarán en el sistema carcelario federal tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera, ocurrida la semana pasada en el penal El Altiplano, se debe sumar que también hay una sobrepoblación que ha complicado su manejo y control, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

Durante la presente administración se han capturado o causado la muerte a 93 de los 122 objetivos del crimen organizado, que se propuso el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

De esta forma, cabecillas, sicarios, operadores financieros e integrantes de esos grupos, principalmente los ligados con actividades del narcotráfico, han sido consignados y enviados a los cinco ceferesos de máxima seguridad, saturando sus instalaciones.

Según las cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), el Cefereso 1, llamado El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, tiene una capacidad efectiva para 836 internos.

Sin embargo, este penal, el primero que se operó con la estructura y el concepto de “máxima seguridad”, tiene actualmente mil 74 internos.

La sobrepoblación en el penal federal de Almoloya es de 238 personas, lo que representa un promedio de 28.2 por ciento, respecto de su capacidad original.

Puente Grande

El Cefereso 2, denominado Occidente, ubicado en el municipio de Puente Grande, Jalisco, operaba con mil 641 internos al 1 de mayo de 2015.

Estas instalaciones penitenciarias federales tienen celdas y una infraestructura diseñadas para 938 personas, por lo que su sobrecupo es de 703 reos, lo que representa 74.9% de su capacidad.

En Matamoros, Tamaulipas, está instalado el Cefereso número 3, que recibió la nomenclatura de Noreste, con 841 personas sujetas a proceso o sentenciadas hasta el pasado 1 de mayo.

En este caso el problema de sobrepoblación penitenciaria no ha alcanzado las cifras del resto de los penales federales de máxima seguridad, ya que su capacidad original es de 836, por lo que sólo son cinco los internos que representan la saturación.

El Cefereso número 4, llamado Noroeste, ubicado en el municipio de El Rincón, en Nayarit, cuenta con un sobrecupo de 923 personas.

Este penal, que cuenta con un anexo de mediana seguridad y otro para mujeres que no pueden permanecer en los de máxima seguridad, fue diseñado para dos mil 640 reos.

Actualmente la población penitenciaria de este centro es de tres mil 563, lo que significa que la sobrepoblación es de 34.9 por ciento sobre su capacidad original.

El más reciente de los penales de máxima seguridad fue puesto en operación en noviembre de 2013, el Cefereso número 5, denominado Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz, que también se llenó y sobrepobló de manera muy rápida.

Los dos mil 538 espacios para reos considerados en los planes originales, son ocupados por tres mil 509 personas; 971 internos de más.

Esta cifra representa una sobrepoblación de 38.2 por ciento superior a su capacidad original, por internos que son clasificados como de mediana y máxima peligrosidad.

Nuevos desafíos

El sistema de penales de máxima seguridad se puso en operación durante la administración del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, con la construcción de la prisión ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México, entre los años 1988 y 1990.

El concepto de máxima seguridad involucra la condición física de las propias prisiones, y todo un esquema estricto de control para los internos que son recluidos.

Antes de la segunda fuga de El Chapo Guzmán, el pasado 11 de julio, se tenía entendido que las prisiones tienen muros con un grosor superior a un metro de ancho, los cimientos son mayores a 20 metros de profundidad y el perímetro cuenta con un complejo sistema de monitoreo, todo con el objetivo de prevenir las fugas de prisioneros.

Los pasillos y las celdas de la cárcel permanecen vigiladas las 24 horas al día por un sistema de circuito cerrado, controlado por autoridades desde sus instalaciones ubicadas en Marina Nacional y Circuito Interior en la Ciudad de México.

Las visitas, las llamadas telefónicas y la correspondencia son severamente controladas. En su ingreso las personas autorizadas para visitas son sometidas a procesos de revisión que incluyen el uso de equipos para prevenir el ingreso de drogas o armas.

En teoría, un interno que fue clasificado como de “máxima peligrosidad” debe permanecer vigilado por un custodio personal las 24 horas del día, en una celda donde hay encendido un foco de día y de noche.

Sin embargo, tras la huida del líder del cártel de Pacífico quedó en evidencia que el piso de su celda no tenía un grosor mayor a diez centímetros (al menos en la zona de la regadera donde se construyó la entrada al túnel), que las cámaras de videovigilancia tenían “puntos ciegos” y que el reo nunca fue cambiado de celda.

A lo largo de la historia de los penales federales de máxima seguridad, sólo un hombre ha logrado burlar en dos ocasiones el esquema de vigilancia y control: Joaquín Guzmán Loera El Chapo. La primera el 19 de enero de 2001; la segunda, el 11 de julio de 2015.

REOS, A LA ESPERA DE LOS JUECES

Un total de 110 mil reos se encuentran a la espera de conocer su sentencia y saber si permanecerán encerrados o no en alguno de los 386 centros penitenciarios del país debido a que los jueces se han atrasado en la conclusión de los procesos penales de los procesados.

Según información de la Comisión Nacional de Seguridad, en 2013, 103 mil presos permanecían al interior de los penales aguardando su sentencia mientras que en 2012 lo hacían 98 mil 414 internos en alguna de las prisiones.

Las cifras indican que el total de la población penitenciaria en México es de 254 mil 641 encarcelados, de los cuales, en el último año, fueron sentenciados 144 mil 525 por delitos tanto del fuero federal como del común.

Ante estas cifras, se concluye que existe una sobrepoblación penitenciaria de alrededor de 174 mil 187 reos, pues el total de espacios que posee el Sistema Nacional Penitenciario es de tan sólo 199 mil 828 lugares.

Muchos de estos casos podrían resultar en que fueron afectados sus derechos humanos debido a la inejecución efectiva del debido proceso, el cual cobra especial relevancia en la nueva Ley de Amparo.

Según el investigador Guillermo Zepeda, la forma en que se aplica la prisión preventiva en nuestro país tiene como principales implicaciones nocivas el uso excesivo de la medida y la ineficiencia en el uso de los recursos del sistema de seguridad ciudadana y de justicia penal.

“La prisión durante el proceso ha dejado de ser una medida extraordinaria y excepcional para convertirse en una medida cautelar de uso frecuente contradiciendo nuestra Constitución y los instrumentos internacionales firmados por México.

“La prisión preventiva está consumiendo demasiados recursos que serían determinantes en otras áreas prioritarias de la seguridad ciudadana y la justicia penal, como la prevención y el combate al crimen organizado”, plantea Zepeda Lecuona en el estudio El uso excesivo e irracional de la prisión preventiva en México.

Para Carlos Pérez Vázquez, quien fuera coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte, “las autoridades están obligadas escrupulosamente a proteger y respetar el debido proceso y sus garantías, entre ellas, el principio de presunción de inocencia y el Estado no lo hace. La conclusión es evidente, el Estado delinque”.

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