No hay condiciones para aplicar la Ley a maestros

No hay condiciones para aplicar la Ley a maestros

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) se pronunció porque el gobierno estatal aplique la nueva Ley Educativa recién aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aunque para ello, deberían de acompañarse de las medidas para evitar que se trastoque la paz social y generen otro tipo de problemas.
​A juicio del presidente de la Defensoría Arturo Peimbert Calvo, “es sumamente importante que se cumplan las leyes y que se privilegie su aplicación para que se genere ambiente de certidumbre jurídica y haya un complemento de armonía y concordia social”.

​En entrevista, el Ombudsman considera que se está fallando de alguna forma en el método para llevar a buen término este proceso, “sentimos que no hay ganas de no acatar la nueva Ley por parte de los maestros porque para ellos es injusta, y eso significa que algo no está funcionando como debiera”.

Peimbert Calvo sostiene la tesis de que mientras ésta disyuntiva exista, “se seguirá agravando la situación educativa de los niños y niñas de Oaxaca, el gobierno debe de generar las condiciones para que los niños tomen las clases y recuperen el ciclo perdido, debido a que ya son cinco semanas de inactividad”.

Advierte que por primera vez la Defensoría ha comenzado a recibir quejas al respecto, -por la falta de clases- y por ello la Defensoría ha iniciado un cuadernillo de antecedentes para que se integre a los expedientes iniciados por ese motivo.

Y señala: “cuando las leyes son vigentes se deben de aplicar sin dilación, nada por encimada de la Ley, pero sobre todo el Estado debe de acompañar esa aplicación de medidas que puedan ayudar a la distención y paz social, porque no sirve de mucho un marco normativo si no existen las condiciones sociales para aplicarlas”.

A criterio del Defensor de los Derechos Humanos, “en este momento no existen esas condiciones para que tenga vigencia plena el marco normativo, si no existe uno, la aplicación de la norma no es prudente”.

Admite que cualquier violación a los derechos humanos y que atente contra la dignidad o desarrollo de las personas y que dicha acción esté dentro del catálogo de agravantes de la DDHPO, “nos obliga a generar las recomendaciones concretas para que las autoridades hagan lo propio y se evite en lo siguiente, acciones similares”.

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